Los obispos católicos de Estados Unidos interpusieron el martes una demanda contra el gobierno federal por la abrupta suspensión de financiamiento para el reasentamiento de refugiados, argumentando que es una acción ilegal y perjudicial para los refugiados recién llegados y para el programa privado de reasentamiento más grande del país.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus iniciales en inglés) afirma que, al retener millones de dólares incluso para el reembolso de costos incurridos antes del anuncio, el gobierno viola diversas leyes así como la disposición constitucional que otorga el control de los fondos al Congreso, el cual ya había aprobado el financiamiento.
Los Servicios de Migración y Refugiados de la conferencia han enviado avisos de despido a 50 trabajadores, más de la mitad de su personal, y se anticipan recortes adicionales en las oficinas locales de Caridades Católicas que colaboran con la oficina nacional, según la demanda.
“La Iglesia católica siempre trabaja para defender el bien común de todos y promover la dignidad de la persona humana, especialmente de los más vulnerables”, dijo el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la USCCB. “Eso incluye a los no nacidos, los pobres, el extranjero, los ancianos y enfermos, y los migrantes”.
La suspensión de financiamiento le impide a la iglesia hacer su trabajo, afirmó.
“De un momento al otro, la conferencia se encuentra incapaz de sostener su trabajo para cuidar a los miles de refugiados que fueron acogidos en nuestro país y asignados al cuidado de la USCCB por el gobierno después de haber recibido estatus legal”, subrayó Broglio.
La conferencia intenta mantener el programa en funcionamiento, pero es “financieramente insostenible”, agregó, y señaló que busca que el gobierno de Estados Unidos cumpla con sus “compromisos morales y legales”.
La conferencia es una de 10 agencias nacionales, la mayoría de ellas religiosas, que brindan servicio a los refugiados y que han estado en apuros desde que el Departamento de Estado les envió una carta el 24 de enero en que les informaba de una suspensión inmediata de fondos a la espera de una revisión de los programas de ayuda exterior.
La demanda, presentada en el tribunal federal para el Distrito de Columbia, asegura que el programa de reasentamiento ni siquiera es ayuda exterior. Es un programa nacional para ayudar a los refugiados recién llegados —quienes llegan legalmente después de ser evaluados en el extranjero— a satisfacer necesidades iniciales como vivienda y empleo.
“La USCCB gasta más en el reasentamiento de refugiados cada año de lo que recibe en financiamiento del gobierno federal, pero no puede sostener sus programas sin los millones de dólares en financiamiento federal que brindan la base de esta asociación público-privada”, se asegura en la demanda.
La denuncia afirma que el gobierno intenta que el programa “trastabille”, provocando un daño a largo plazo.
La demanda nombra a los departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos, así como a sus respectivos titulares, Marco Rubio y Robert F. Kennedy Jr. Ambas agencias tienen roles en la delegación del trabajo de reasentamiento a la conferencia de obispos.
Ninguna de las dependencias presentó una respuesta inmediata ante el tribunal. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia no hace comentarios sobre procesos legales en curso.
La USCCB indicó que aún está a la espera de alrededor de 13 millones de dólares en reembolsos por gastos anteriores al 24 de enero.
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