La nueva fiscal general peruana Zoraida Ávalos anunció el martes que apoyará dos grandes investigaciones anticorrupción que remecen a la clase política de Perú: al equipo que indaga los nexos de políticos con delitos de la firma Odebrecht y a la brigada que rastrea al grupo criminal “Los cuellos blancos del puerto” en el que se ha involucrado a su controvertido antecesor, el exfiscal general Pedro Chávarry, y otros dos fiscales supremos.
Avalos indicó que permanecerá en el cargo hasta que comience a funcionar la nueva junta de electores de magistrados desactivada hace un semestre luego que la mayoría de sus integrantes fueron implicados en el grupo criminal integrado por jueces, fiscales, abogados y empresarios cuya investigación empezó en El Callao, el principal puerto de Perú.
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La nueva fiscal general añadió que aumentará el número de fiscales para escuchar unos 28.000 audios de conversaciones telefónicas pendientes en esta investigación que produjo un terremoto en el sistema judicial, fue el inicio del desprestigio de su antecesor Chávarry y el comienzo de una cruzada anticorrupción liderada por el presidente Martín Vizcarra que fortaleció las investigaciones contra Odebrecht.
Avalos, de 60 años, dijo que toda intromisión al trabajo del Ministerio Público afecta “cual cáncer la moral interna del personal pues crea una subcultura de impunidad y de la componenda”. Amado Enco, abogado estatal anticorrupción, dijo en referencia a la nueva fiscal general que ella “no aparece contaminada en casos de corrupción” que han involucrado a diversos magistrados en el último semestre.
Por el contrario, Chávarry renunció al cargo de fiscal general por la mañana. Había provocado protestas inéditas tras destituir horas antes del Año Nuevo a dos fiscales claves en investigaciones contra líderes poderosos de la política local, involucrados en actos de corrupción de la firma Odebrecht.
La controversia acompañó a Chávarry, incluso en su último día de gestión. La policía confirmó el martes que sus guardaespaldas extrajeron documentos de la oficina de uno de sus asesores que había sido intervenida por investigadores de la constructora brasileña. Videos del edificio de la fiscalía mostraron que las escoltas rompieron los cerrojos de las puertas de la oficina investigada, un acto prohibido por la ley.
Chávarry tuvo que reponer el miércoles pasado a los fiscales que destituyó el último día de 2018 debido a varias protestas que estallaron en el país. La investigación a Odebrecht abarca 40 indagaciones, más de 300 personas y decenas de empresas, todas ligadas a la corrupción de la constructora brasileña en Perú, que repartía sobornos a cambio de contratos para obras públicas.
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La remoción de los investigadores del caso Odebrecht provocó que se postergue hasta nuevo aviso la firma oficial del convenio de colaboración eficaz con la constructora brasileña programada para el 11 de enero, así como una ronda de interrogatorios en Brasil con exfuncionarios de la compañía que iban a entregar pruebas claves para enjuiciar a poderosos políticos peruanos por corrupción o lavado de activos.
Chávarry perdió el apoyo del partido liderado por Keiko Fujimori y del movimiento político encabezado por el expresidente Alan García, quienes están investigados por sus nexos con Odebrecht. Desde agosto cinco acusaciones constitucionales que buscaban retirarlo del puesto e investigarlo se mantienen acumuladas en el Congreso dominado por el partido de Fujimori.
Luego de asumir el cargo en julio Chávarry fue incluido en un informe con otros dos fiscales supremos como integrantes de la red “Los cuellos blancos del puerto”. El presidente Vizcarra no asistió a su juramentación y le pidió varias veces que se aparte del cargo. La red criminal torcía la justicia por dinero o intercambiando favores para escalar en la pirámide del poder del sistema judicial.
El escándalo, que se produjo tras la difusión de decenas de audios de conversaciones telefónicas de integrantes de la red por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros, ha llevado a la cárcel al presidente de la corte judicial del puerto de El Callao, a la renuncia del presidente de la Corte Suprema y a que el juez supremo César Hinostroza se fuese a España, desde donde Perú lucha por extraditarlo.
Los audios mostraron también la conexión de magistrados cuestionados con los políticos investigados en el caso Odebrecht. Los efectos del escándalo de la corrupción judicial provocaron que los casos de los políticos reciban atención de la prensa y en varios casos el cambio de jueces y fiscales.
Fujimori fue enviada a prisión por 36 meses mientras es investigada por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011. A García se le prohibió salir de Perú por 18 meses y está bajo indagación por presuntamente recibir 100.000 dólares de un fondo usado por la constructora brasileña para pagar coimas. El exmandatario intentó solicitar asilo en la embajada de Uruguay, el cual le fue negado.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú, la cual ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía peruana investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
