El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, renunció el martes a su puesto y dijo que con la acción busca garantizar la independencia del Ministerio Público, luego de ser cuestionado por presuntos vínculos con una red de corrupción y ser acusado de obstaculizar las investigaciones de sobornos de la brasileña Odebrecht.
Chávarry, quien asumió su cargo en julio por un periodo de tres años, dijo en su carta de renuncia que su salida se produce para impedir la "amenaza de intervenir" la Fiscalía, luego que el presidente Martín Vizcarra presentó un proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público.
Previamente había anticipado sus intenciones en un documento publicado en su cuenta en Twitter.
Su renuncia la presentó ante una junta de fiscales supremos, quienes permanecían reunidos la mañana del martes en el Ministerio Público. Los funcionarios señalaron que aceptarán la decisión de Chávarry.
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Tras su salida sería reemplazado temporalmente por la fiscal suprema Zoraida Ávalos hasta que sea nombrada la persona que lo reemplazará definitivamente.
El presidente Vizcarra había pedido la renuncia de Chávarry en octubre tras destaparse una red de tráfico de influencias en el sistema judicial donde se pactaban nombramientos y condenas.
Su caso se agravó después que Chávarry despidió dos semanas atrás a dos fiscales que investigan presuntos sobornos de la firma brasileña Odebrecht a políticos en el país y luego rectificar la medida por presión de Vizcarra.
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La agencia The Associated Press informó que horas antes de la renuncia de Chávarry, la policía confirmó que tres de sus guardaespaldas extrajeron documentos de la oficina de uno de sus asesores que había sido intervenida por los investigadores de la constructora brasileña.
Videos del edificio de la fiscalía difundidos el martes por la prensa mostraron que las escoltas rompieron los cerrojos de las puertas de la oficina investigada, un acto prohibido por la ley.
En Twitter, Chávarry negó haber ordenado el ingreso de sus escoltas.
La investigación del equipo especial de fiscales peruanos del caso Odebrecht abarca 40 indagaciones, más de 300 personas y decenas de empresas, todas ligadas a la corrupción de la constructora brasileña en Perú, que repartía sobornos a cambio de contratos para obras públicas.
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Los casos más importantes son las investigaciones a la lideresa opositora Keiko Fujimori, tras las rejas de forma preventiva por 36 meses, y al expresidente Alan García, quien tiene prohibido salir del país por 18 meses.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú, la cual ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía peruana investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
