Las manifestaciones masivas contra el derrocamiento militar del gobierno civil en Myanmar se reanudaron de nuevo el jueves, horas después de que las fuerzas de seguridad se enfrentaran a los trabajadores ferroviarios en huelga.
En medio de las protestas en curso, Canadá y Gran Bretaña impusieron ese mismo día sanciones a miembros de la junta de Myanmar, luego de sanciones similares por parte de Estados Unidos la semana pasada.
Gran Bretaña dijo el jueves que congelaría activos e impondría prohibiciones de viaje a tres generales, mientras que Canadá dijo que sancionaría a nueve.
"Nosotros, junto con nuestros aliados internacionales, haremos que el ejército de Myanmar rinda cuentas por sus violaciones de los derechos humanos y buscaremos justicia para el pueblo de Myanmar", dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab.
![Protesta frente a la embajada de Birmania en Bagkok después de que el ejército birmano tomara el poder. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/9149d7bb-9848-469a-8232-29666549f50a_w100_r1.jpg)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dio la bienvenida a la medida. En un tuit, dijo: “Instamos a la comunidad internacional a enviar un mensaje unificado para promover la rendición de cuentas. El ejército birmano debe restaurar el gobierno elegido democráticamente".
Blinken se unió a sus homólogos japoneses, australianos e indios en el grupo "Quad" para pedir el restablecimiento de la democracia en Myanmar, luego de conversaciones virtuales más temprano en el día.
"Todos estamos de acuerdo en la necesidad de restaurar rápidamente el sistema democrático (en Myanmar)" y de oponernos enérgicamente a todos los intentos unilaterales de cambiar el status quo por la fuerza, dijo a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi.
La preocupación internacional por Myanmar ha ido en aumento desde que el ejército detuvo a la líder de facto Aung San Suu Kyi y a otros miembros del partido gobernante el 1 de febrero.
Resistencia interna
Los anuncios del jueves se produjeron cuando aproximadamente tres cuartas partes de la administración pública de Myanmar estaban en huelga, según Naciones Unidas.
El miércoles por la noche, las fuerzas de seguridad marcharon por un vecindario de Mandalay donde se encuentran los trabajadores de los ferrocarriles estatales. Los testigos dicen que las fuerzas dispararon contra los trabajadores en huelga con balas de goma, honda y piedras.
Los ferroviarios se encuentran entre las decenas de empleados y funcionarios del sector público y privado que se unieron a las manifestaciones masivas contra el golpe abandonando sus labores, a pesar de una orden militar de regresar al trabajo y amenazas de acción en su contra.
La junta emitió órdenes de arresto el miércoles contra un puñado de celebridades, incluidos actores y directores de cine, que están acusados de violar una ley que prohíbe a cualquier persona intentar deliberadamente mantener a empleados civiles o miembros del ejército fuera de sus trabajos.
Las celebridades están acusadas de alentar a los funcionarios a participar en las protestas.
Protestas masivas
Siguieron protestas masivas similares celebradas el miércoles temprano en Rangún en respuesta a la destitución del líder de facto Aung San Suu Kyi y otros miembros del gobierno civil el 1 de febrero. Los informes dicen que las protestas de Rangún fueron las más grandes en esa ciudad desde el golpe.
No hubo informes de violencia significativa, pero los manifestantes continuaron con la práctica de bloquear las principales vías con vehículos estacionados en las calles con el capó levantado mientras alegaban problemas de motor como excusa.
El gobierno cerró brevemente los servicios de Internet el miércoles por cuarta noche consecutiva.
Alegaciones de fraude
El ejército ha citado un fraude generalizado en las elecciones generales de noviembre pasado como justificación para la toma de posesión. Los comicios fueron ganados por la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi en forma aplastante. Esas afirmaciones fueron rechazadas por la comisión electoral de Myanmar.
La junta declaró el estado de emergencia por un año y prometió celebrar una nueva ronda de elecciones.
Suu Kyi ha estado bajo arresto domiciliario en su residencia oficial en Naipyidó desde el golpe. Las autoridades inicialmente la acusaron de poseer ilegalmente radios walkie-talkie importados sin licencia, un delito que se castiga con un máximo de tres años de prisión. El martes se presentó un segundo cargo contra ella por violar las restricciones de contención del COVID-19 en el país, una aparente maniobra legal que podría mantenerla detenida indefinidamente.
El presidente U Win Myint también ha estado bajo arresto domiciliario desde el golpe.
