Una enorme pancarta con el rostro del presidente español, Pedro Sánchez, cubría todo el costado de un edificio de apartamentos en Madrid.
Con un poco más que un cierto parecido al Gran Hermano, de George Orwell, la imagen de Pedro Sánchez le ordenaba a los ciudadanos españoles: ¡Obedezcan!
Fue la más llamativo de las muchas pancartas y banderas criticando al gobierno de izquierda exhibidas durante las recientes protestas callejeras en ciudades de todo el país.
En un aparente desafío a las normas de confinamiento que hicieron obligatorio el distanciamiento social, miles marcharon en la capital española y luego en manifestaciones que se desataron en otras ciudades.
Los simpatizantes de los partidos de derecha se estaban rebelando contra la forma en la que el gobierno socialista impuso un estado de emergencia en un país que no tiene la costumbre de que le digan lo que puede o no hacer.
El conservador Partido Popular y el de extrema derecha Vox, afirmaron que el gobierno usó la excusa del COVID-19 para violar los derechos establecidos en la Constitución de 1978, la primera desde el retorno de la democracia luego de la muerte del dictador Francisco Franco, tres años antes.
España, una de las naciones más afectadas por el coronavirus, impuso en marzo uno de los confinamientos más estrictos en Europa para contener la pandemia. Unos 47 millones de españoles sólo podían salir de sus casas para comprar alimentos, recibir atención médica o realizar trabajos esenciales.
Al prepararse España para terminar su estado de emergencia, el 21 de junio, los críticos del gobierno dijeron que tenían muchas dudas sobre la forma en que el gobierno de minoría ha manejado el país en circunstancias extraordinarias.
El Partido de extrema derecha Vox, ha apelado al Tribunal Constitucional, alegando que el gobierno violó los derechos de libre movilización de los españoles, un derecho fundamental establecido en la Carta Magna.
“Están usando el estado de emergencia para limitar los derechos civiles de las personas”, dijo Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz parlamentario de Vox, en una entrevista con la Voz de América.
“Nosotros inicialmente apoyamos al gobierno, pero ahora estamos apelando al Tribunal Constitucional diciendo que el gobierno ha limitado los derechos de la gente para movilizarse por el país durante el estado de emergencia”, agregó. “Queremos asegurarnos que esto no pase nunca más”.
En acalorados intercambios entre Sánchez y sus opositores en el Parlamento español, el primer ministro ha defendido el estricto confinamiento.
“Sin el estado de emergencia, cientos de miles de personas habrían muerto en España”, le espetó Sánchez a los parlamentarios en un debate a inicios de este mes.
Un portavoz gubernamental dijo que “el estado de emergencia, que es un mecanismo constitucional, permite al gobierno restringir el movimiento de la gente. Esto ha sido clave para controlar la epidemia”.
Javier Arbós, un profesor de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona, dijo que dos derechos fundamentales están en juego.
“El estado de emergencia está diseñado para preservar uno de los derechos fundamentales reflejados en la Constitución, el derecho a la vida”, le dijo a la VOA en una entrevista.
“Sin embargo, Vox ha apelado al Constitucional diciendo que esto violenta otro derecho fundamental de la Constitución, el derecho a la libre movilización. La corte debe decidir si la ley puede impedir la movilización para preservar el derecho a la vida”.
“Es un argumento libertario que es importante no solo en España, sino que también tiene similitudes con los argumentos del presidente [Jair] Bolsonaro, de Brasil, y del presidente Donald Trump, de Estados Unidos”.
Otros frentes
En otro frente, el gobierno fue criticado cuando la ministra de Justicia Dolores Delgado, fue nombrada fiscal general del Estado en febrero. El nombramiento llamó la atención porque una ministra socialista había asumido una posición de importancia en el Poder Judicial, que supuestamente es apartidista.
Luego en mayo, un alto oficial de la Policía fue despedido durante una investigación sobre la decisión del gobierno español de permitir manifestaciones para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, antes de imponerse el estado de emergencia.
Días antes, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, una agencia de la Unión Europea, había advertido que se debían evitar las grandes aglomeraciones de personas al aumentar las víctimas del coronavirus.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, destituyó de su cargo al jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, argumentando una “pérdida de confianza”.
El despido se produjo después de que la Guardia Civil, envió a un juez un reporte sobre cómo el gobierno manejó las advertencias de no permitir 177 concentraciones públicas en los días previos al confinamiento.
El informe policial, filtrado a los medios de comunicación, concluyó que “desde el 5 de marzo, 2020, no debió haber ninguna manifestación” debido a la crisis sanitaria.
Un juez luego decidió que no había un caso sólido, pero el despido del alto oficial provocó una polémica con partidos de derecha que alegaron que el despido fue motivado políticamente.
Grande-Marlaska negó haber tenido motivaciones políticas para despedir al mando policial.
Pablo Simón, un profesor de ciencias políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, dijo que el caso dejaba mal parado al gobierno.
“No es que el ministro no pueda despedir a un jefe policial, pero el gobierno debería tener más cuidado con su imagen. El ministro pudo haber despedido al jefe policial antes o después de la investigación, pero no durante la investigación”, dijo Simón. “Hacer esto durante un estado de emergencia es reprochable”.
