Desde hace más de seis años, Ania sale todas las mañanas hacia un colegio público de una comunidad rural en Managua, capital de Nicaragua. Allí trabaja como profesora de primaria e imparte sus conocimientos a por lo menos 100 alumnos.
Durante las últimas semanas, Ania comenzó a sentirse con algunos signos de COVID-19: cansancio, diarreas y dolores de cabeza, por lo que decidió notificar a sus superiores e ir al médico.
En el centro al que acudió le dieron solamente siete días de reposo, dice. Posteriormente le pidieron que regresara a su centro de trabajo para evaluarla y ver si podían darle 15 días más.
“Es una grosería porque no sabes si te vas a complicar, si es COVID, o qué”, lamentó.
De acuerdo con la Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua (USM), este patrón ha sido una constante en varios departamentos del país, a pesar de que se reportan de forma oficial un aumento de casos de coronavirus.
La organización de maestros alerta de forma preliminar, que solo en una semana fallecieron al menos 10 educadores por razones asociadas al COVID-19.
“Estamos haciendo un conteo preliminar para saber con exactitud la cantidad de maestros afectados. Esto es grave y las autoridades competentes no han hecho nada”, explicó una fuente de la Unidad Magisterial que pidió no ser identificada por temor a represalias del gobierno.
Los educadores señalan que solo en la primera ola de contagios en 2020 se reportaron al menos 65 docentes muertos por dicha causa, por lo que urgen que no se repita algo similar.
Las cifras no pudieron ser confirmadas de manera oficial. Organismos como la Organización Panamericana de la Salud han apuntado durante la pandemia a la falta de transparencia del gobierno de Nicaragua en cuanto a las cifras y el impacto real del coronavirus en la nación centroamericana.
Los educadores añaden que la política de censura que ha impuesto el gobierno del presidente Daniel Ortega sobre la pandemia hace que muchos maestros teman exponer sus inconformidades y pedir que se pase a “virtual las clases” para no ser despedidos.
“No sabemos cuántos docentes regresan con COVID-19 a dar clases. Eso viene a multiplicar el COVID en las escuelas. Todos los maestros tenemos un riesgo amplio, grande, porque no han frenado las clases y el Ministerio de Educación no acepta que hagamos guías de teletrabajo”, se quejó una profesora.
Suspenden clases en colegios privados
Algunos colegios privados han tomado la iniciativa de suspender las clases presenciales y han pasado al teletrabajo, como ocurrió a inicios de 2020.
En el Caribe Sur de Nicaragua, el colegio Moravo, que tiene más de 500 estudiantes, tomó la medida de dividir los turnos de clases para evitar aglomeraciones, según dijo Allan Budier, director de ese centro estudiantil.
De igual forma, en el centro del país, donde hay reportes de casos “en racimos” de coronavirus, los colegios privados como el diocesano San Luis, en Matagalpa, suspendió las modalidades presenciales del 20 de agosto al 3 de septiembre.
COVID con datos poco creíbles en Nicaragua
El COVID-19 llegó hace 17 meses a Nicaragua y ha dejado al menos 3.700 muertos, según cifras extraoficiales de organismos independientes como el Observatorio Ciudadano.
El oficialismo, por su parte, indica que la cifra no supera las 250 muertes, algo que ha sido puesto en duda por expertos de la salud que han sido amenazados con la cárcel por “crear zozobra en la población”.
El epidemiólogo Leonel Arguello señala que el Ministerio de Salud nicaragüense no tiene ninguna validez epidemiológica al informar sobre una muerte semanal a causa de coronavirus, mientras las cifras de contagios aumentan constantemente.
“No hay ningún país que tenga solo un fallecido, no hay manera. Ese dato no es creíble. Es por eso que la OPS ha dicho en varias ocasiones que Nicaragua no tiene datos creíbles y que no está proporcionando la información”, criticó el experto.
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