Un informe de la Organización de Estados Americanos revela violaciones a los derechos humanos y la situación que prevalece en Nicaragua desde abril de 2018, las que “conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático” en el país.
El documento de 13 páginas fue despachado el martes por la Comisión de Alto Nivel de la OEA y presenta “denuncias y testimonios”, emitidos durante reuniones realizadas “con grupos políticos y representantes de la sociedad civil, sindicatos, campesinos, periodistas y empresarios de Nicaragua”.
El grupo observador tiene como objetivo realizar gestiones diplomáticas “a fin de procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que prevalece en Nicaragua”, señala el texto.
La Comisión fue creada fue creada a partir de una resolución aprobada el 28 de junio de 2019.
El gobierno de Nicaragua, asegura el documento, “se negó a reunirse con la Comisión”, y a cuyos integrantes se les prohibió la entrada al país centroamericano.
En abril del 2018 el gobierno de Daniel Ortega se vio enfrentado a una serie de protestas contra la reforma de sistema al seguro social. Lasmanifestaciones provocaron la muerte de al menos trescientas personas, como han denunciado grupos de la oposición interna y organismos regionales.
El informe, explica la entidad, fue elaborado a base de “testimonios de varias víctimas y partes interesadas”, así como de información proporcionada por entidades internacionales independientes sobre Nicaragua.
La Comisión dijo que gracias al gobierno de El Salvador pudo reunirse del 1 al 3 de octubre pasado en ese país “con importantes testigos”.
Derechos truncados
El equipo de trabajo designado por la OEA señala que en Nicaragua “se ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos”.
Entre los ejemplos de violaciones, expuestos por los testimoniantes aparecen: “hostigamiento e intimidación constantes”, restricciones referidas a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano.
Además, indica el resultado de la investigación: “Dos o tres veces por semana, entre 40 y 60 oficiales de policía rodean la sede de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)” para intimidar a los ciudadanos que intentan presentar denuncias, “tomándoles fotos y, en ocasiones, deteniéndolos”.
Se presentaron también casos de personas —como la abogada de la CPDH, Leyla Prado— que tuvieron que huir del país por amenazas a sus hijos.
La Comisión recabó informes de viviendas de opositores que sufren pintadas con la leyenda “plomo” o “golpista”.
En 2018, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibió 4000 denuncias por violaciones a derechos humanos, de las cuales 90 eran de tortura.
En clave de denuncias más graves, el equipo de trabajo dijo que recibió informes sobre “evidencia de asesinatos selectivos, tres o cuatro casos por semana, en especial en el norte de Nicaragua”.
Finalmente la Comisión reiteró “la urgente necesidad del regreso al país de los mecanismos de derechos humanos”, como la CIDH y, en particular, su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), así como los equipos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
