El gobierno del presidente Daniel Ortega se vio obligado a aprobar nuevas reformas a dos leyes con el objetivo de poder maniobrar frente a las sanciones internacionales contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y violación a los derechos humanos.
Durante una sesión extraordinaria este fin de semana, la Asamblea Nacional modificó la ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley 606, dejando al sancionado presidente de este poder del estado Gustavo Porras desprovisto de poderes.
“Quiero expresar que el problema de la legitimidad o no, es desde donde se mira, para nosotros los sandinistas, los revolucionarios, los nicaragüenses, la legitimidad nos las da el pueblo de Nicaragua. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país, obvio, menos por el imperio”, reaccionó Porras.
La segunda reforma fue ejecutada a la ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290, le que permite al presidente nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución. El diputado del Partido Liberal Constitucionalista , Ludendorff Rosales, criticó estas medidas.
“Han expuesto que las sanciones no les afectan, pero esta reforma y la anterior lo que hacen es confirmar que tales sanciones les afectan. No es modernización, es una reacción obtusa a las sanciones que nacen de una lamentable dirección”, manifestó el parlamentario.
Además, Rosales señaló que, “el hecho de traer de urgencia a este plenario y reformar la Ley 606, quitando funciones al presidente que ha sido deslegitimado por las sanciones de Estados Unidos y Canadá, nos indica que no se marcha por un buen camino. Señores diputados y diputadas, con cada acción y modificación que hace la mayoría en esta asamblea, lamentablemente reafirman la validez de las sanciones”.
Por su parte, el presidente de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, respondió a las criticas de los opositores. “No es nada nuevo que la bancada del PLC busque argumentos para oponerse a todo, ya lo hemos visto en los últimos meses. Siempre buscan algo, porque esa es su lógica, votar en contra de todo lo que sucede aquí, diciendo ahora que no hay pluralismo y aquí están ellos y dicen lo que les da la gana y este es el mejor ejemplo de contradicción del mismo discurso de ellos”, señaló.
Estos cambios son impulsados en la Asamblea Nacional, después de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sancionaran al presidente del Parlamento Gustavo Porras, a la ministra de Salud, Sonia Castro; al titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica; y a Orlando Castillo, director de Telcor.
