El gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad al expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, asilado en este país desde 2016 y requerido en El Salvador por supuesto peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos 351 millones de dólares.
La decisión del gobierno de Daniel Ortega fue publicada este martes en el diario oficial La Gaceta, con base en la resolución 3179 del Ministerio de Gobernación.
La disposición beneficia además a Ada Michel Guzmán, esposa del exmandatario (2009 – 2014) y a sus hijos Carlos Manuel Mauricio Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, se indicó.
Funes acumula cuatro órdenes de captura por casos ligados a corrupción y el supuesto desvío de al menos 351 millones de dólares.
La fiscalía salvadoreña acusa a Funes y otros implicados en el caso, denominado Corruptela, de crear una red de corrupción estatal con la que habrían efectuado el millonario desvío de capital.
La certificación de ciudadanía nicaragüense fue suscrita por el director general de Migración de Nicaragua, comandante Juan Emilio Rivas Benítez.
“Carlos Mauricio Funes Cartagena ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Ley para adquirir la nacionalidad nicaragüense, tomando en cuenta su permanencia continua en el territorio nacional y ser residente permanente en el país”, señala el texto oficial. Agrega que Funes goza a partir de ahora “de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y será sometido a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la República”.
La decisión oficial provocó el rechazo de dirigentes opositores y activistas de derechos humanos.
En Twitter la exguerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez señaló que el exgobernante "salió a cubrirse bajo el manto de la impunidad de la dictadura de los Ortega Murillo".
Mientras, mediante un comunicado, la organización no gubernamental de derechos humanos "Nicaragua Nunca Más", conformada recientemente en Costa Rica por exiliados nicaragüenses, protestó por el "indigno acto de nacionalización" de Mauricio Funes y lo calificó como "una ofensa para toda la nación".
La medida impediría al presidente Nayib Bukele concretar una extradición de Funes y su familia, a fin de llevarlo ante la justicia salvadoreña.
El artículo 43 de la Constitución expresa que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
Bukele ha denunciado que Funes y su hijo Diego Roberto Funes Cañas fueron contratados como asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. El gobierno de Managua no ha confirmado esa información.
