El gobierno de Nicaragua anunció el miércoles la suspensión temporal de los mecanismos de garantía y vigilancia de derechos de la Organización de los Estados Americanos en el país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó a través de su cuenta de Twitter que tanto el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI), como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y las visitas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron suspendidos por el gobierno de Daniel Ortega.
"La CIDH lamenta la decisión del Estado de Nicaragua y comunica que el MESENI seguirá funcionando desde su sede en Washington-DC.", dijo la comisión en un comunicado.
Ana María Tello, coordinadora del MESENI, reiteró a los medios que el organismo continuará trabajando desde la capital estadounidense y que "la CIDH tiene la responsabilidad de continuar observando la situación de los derechos humanos en sus países miembro".
A través de un comunicado, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó la decisión del Gobierno de Nicaragua. El comunicado fue publicado, en la cuenta de Twitter del secretario general del organismo, Luis Almagro.
"La decisión tomada por el régimen de Ortega-Murillo en el día de hoy adentra aún más a Nicaragua en el terreno del autoritarismo", señala el comunicado.
Además, indica que esta expulsiones son típicas de "quienes pretenden que no se haga justicia y perpetuar la impunidad".
Del mismo modo, la secretaría de la organización responsabilizó públicamente al gobierno nicaragüense "por la seguridad e integridad de los miembros del GIEI, del MESENI y de su personal de apoyo hasta que los mismos puedan abandonar el país".
El grupo de expertos se instaló en Nicaragua el 25 de junio, con el objetivo de reiniciar el diálogo en el país, que se encuentra sumido en una crisis que ha dejado más de 400 muertos y provocado un éxodo imprevisto.
El diario La Prensa reportó que la Cancillería de Nicaragua citó a los integrantes del MESENI y el GIEI para informarles sobre su decisión.
Esta semana, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) evaluó que hay un incremento "en la agresión" contra la prensa en Nicaragua, justo cuando empresas de medios interponen un recurso de amparo ante la justicia tras el allanamiento y la incautación de computadoras y bienes al diario Confidencial.
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"Hemos visto un patrón de agresión contra la prensa nicaragüense (…) se ha institucionalizado la agresión y la vigilancia hacia los periodistas", dijo la coordinadora de CPJ para Centroamérica y América del Sur, Natalie Southwick, a la Voz de América.
Activistas de derechos humanos reaccionaron contra la decisión de Ortega de expulsar a los técnicos de la CIDH de Nicaragua. “Es una decisión que representa el desprecio a cualquier expresión de razonamiento humano, es la barbarie contra la civilización, un retroceso a la era cavernaria”, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización a la que Ortega retiró su personalidad jurídica y cuya sede también fue asaltada por la Policía.
“Una familia [la de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que también es vicepresidenta] dispuesta a arruinar nuestro país, el poder los atrapó y no se conciben sin él”, agregó el defensor de derechos humanos.
