El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó este martes la creación de cuatro empresas estatales que manejarán la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas e hidrocarburos dos meses después de que la principal petrolera fuera sancionada por Estados Unidos.
La iniciativa se concretó mediante cuatro leyes aprobadas con “trámite de urgencia” a pedido del presidente Daniel Ortega y sin debate en el plenario, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El trámite de urgencia es utilizado por el Ejecutivo para la aprobación de leyes de forma rápida, sin análisis en comisiones ni consultas con otras entidades del Estado, organizaciones empresariales o gremiales.
El jefe de la comisión económica del Parlamento, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, dijo que la decisión presidencial fue “acertada” y se tomó “en base al principio de la especialización”, para “garantizar un mejor servicio, de calidad y eficiente” en la comercialización de petróleo.
Las nuevas entidades son la Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y distribución de hidrocarburos (Eniplanh), Empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos (Enicom) y Empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarburos (ENIH).
En cuanto a la ENIH, el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, dijo que el gobierno “dio incentivos” para la exploración de petróleo en el Pacífico de Nicaragua, aunque no identificó a la empresa beneficiada. “Es posible que si no encontramos petróleo, por lo menos encontremos gas”, comentó Castro.
El 12 de diciembre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo SA (DNP), tras acusarla de lavado de dinero y de ser “utilizada por miembros de la familia Ortega para su propio enriquecimiento personal”.
DNP, junto a la empresa Alba Petróleos de Nicaragua S.A. (Albanisa), comercializaba el crudo procedente de Venezuela desde 2007, fecha en que Ortega llegó al poder.
Albanisa es una empresa estatal fundada también en 2007 y vinculada a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por Estados Unidos en 2019.
La oposición ha acusado a Ortega de manejar el negocio petrolero sin rendir cuentas al Parlamento.
Días después de conocerse las sanciones de Washington sobre DNP, que contaba con una importante red de gasolineras, Ortega nacionalizó la empresa y sus inventarios pasaron a ser propiedad del Estado.
La creación de estas empresas busca “evadir las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en caso de que los vuelvan a sancionar”, dijo el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jimmy Blandón.
