![ARCHIVO - Integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. [Foto: Instancia Especial de Mujeres].](https://gdb.voanews.com/2d6d7fbb-0f4c-42ac-0169-08dd5c8b1668_w250_r1_s.jpg)
Uno de los aspectos clave del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las antiguas FARC, firmado en 2016 en La Habana, es el enfoque de género. Un principio transversal que fue incluido por primera vez en un pacto de paz a nivel global y que atraviesa los seis puntos fundamentales del acuerdo, a través de medidas relacionadas exclusivamente con las mujeres.
Y para tener un espacio de debate y promoción de este enfoque y hacer seguimiento del cumplimiento de las iniciativas se creó la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz.
Diana Salcedo, integrante del grupo y una de las representantes de las organizaciones nacionales de mujeres, explicó a la Voz de América que la instancia es un espacio logrado, debido a la preocupación de cómo darle seguimiento a las medidas de género y para contar “una estructura que fuera de origen popular, que viniera del movimiento de mujeres”.
Además, se ha convertido en “una voz interlocutora válida para exigir también ante las entidades” la implementación desde esta perspectiva, dijo.
El rol de la Instancia
La Instancia, señaló Salcedo, tiene entonces un “rol de control social frente a cómo las entidades tienen que acogerse la implementación del acuerdo de paz" y cómo hacerlo más efectivo.
Es decir, brindan recomendaciones y directrices a la Comisión, hacen seguimiento a la aplicación del enfoque de género y los derechos de las mujeres, y facilitan espacios de diálogo con la comunidad, las organizaciones y las instituciones que respaldan el acuerdo, dentro y fuera del país.
Para Yolys de Jesús Correa Díaz, representante del campesinado, la Instancia sugiere, da lineamiento y "reconocimiento para garantizar precisamente que el enfoque” tenga “canales de diálogo con todas las mujeres”, con las comunidades, a través de encuentros regionales, además de las plataformas, colectivos, redes, entre otros.
Según ella, “además de que fuera un mandato consolidado en el acuerdo”, la Instancia “también es un mandato casi que personal porque cada una trabaja desde la óptica del feminismo”.
El primer grupo que abrió el camino de la Instancia se integró en 2017. Actualmente, lo integran 17 mujeres, quienes son elegidas, cada dos años por sus respectivas organizaciones sociales, con trayectorias y trabajos enfocados en género, además de su liderazgo. Representan a organizaciones territoriales, grupos de víctimas del conflicto armado, entidades nacionales para la paz y colectivos LGBT+.
Avances y desafíos
El enfoque de género en el acuerdo transforma no solo el abordaje de estas violencias, sino los cambios sociales que demanda la sociedad, como la entrega de tierras a mujeres y otros grupos excluidos, el fomento de su participación política, la protección de su autonomía sexual y reproductiva, y el fortalecimiento de su acceso a la justicia y la verdad, así como el de sus organizaciones, y el reconocimiento público, entre otros.
Tras ocho años de esa firma del acuerdo, el balance del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de La Habana revela avances, pero también desafíos.
Uno de los principales avances, según Salcedo, es lograr que en El Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final de Paz- un documento que establece acciones, estrategias y metas para el cumplimiento del mismo- logró avanzar en la inclusión de medidas de género. Según ella, en el primer borrador habían 50 indicadores, frente a las 130 que estaban en el acuerdo.
Otro logro, agregó, es “la intención de movilizar herramientas o estrategias legislativas en favor de la implementación de las medidas de género”.
Según el informe de la Instancia, titulado ‘¿Igualdad en la Paz? De promesas a realidades: Medidas de género del Acuerdo de Paz’, y presentado en noviembre del 2024, se logró inclusión de la perspectiva de género en la seguridad política y el reconocimiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en los programas de reincorporación.
Tatiana Galera Cueto, representante de la comunidad LBTI, dice que incluir medidas dentro del acuerdo permitió garantizar los derechos de la comunidad diversa y “ha potenciado el reconocimiento de las personas LGBT, principalmente de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans”, en el marco del enfoque de género de su implementación, pero pone en evidencia que aún hay debates que dar, a nivel nacional e internacional.
Además, señaló a la VOA que el principal reto sigue siendo que “no existe una articulación entre los diferentes sistemas de información al interior del Estado” que permita identificar a miembros de esta comunidad.
Por otro lado, el informe también resaltó el avance en la implementación de la perspectiva feminista y de género del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
Sin embargo, también señala la persistencia de enormes desafíos como la reducción de recursos y la continua presencia de actores armados siguen siendo grandes obstáculo para la implementación de las iniciativas, presentándose amenazas y estigmatización de las lideresas en los territorios.
En el territorio
Yaqueline Mejía integra la representación de mujeres campesinas de la instancia y conoce el Catatumbo, un territorio que ha vivido y continúa padeciendo el conflicto armado en Colombia. Para ella, que ha visto de cerca la guerra, la Instancia ha sido el vehículo para “dar a conocer las voces de las mujeres” y le ha permitido no solo entender otras realidades, como la de las mujeres firmantes de paz, y ser empática.
Sin embargo, a un poco más de ocho años de la firma del acuerdo, ve que las mujeres continúan “preocupadas y tristes a la vez” porque no hay cumplimiento de las medidas: “Esas iniciativas no se han cumplido… hay miedo y, creo, incredulidad. Las personas dicen… ellos dicen el acuerdo está escrito como si fuera una novela, o sea, una cosa muy bonita, pero que, a la larga, eso no es visible”.
Para ella, los retos en el territorio latentes son la educación y la salud, así como las reparaciones simbólicas de la población afectada: “Muchas de nuestras mujeres, tuvieron que salir huyendo del territorio, porque la que no tiene el hijo en las guerrilla tiene el hermano, el sobrino, el tío, el esposo o el vecino”.
“Las mujeres que han sufrido violencia sexual, que han sufrido la desaparición de sus hijos, que han sufrido los asesinatos y toda esta los reclutamiento de sus hijos, esas mujeres se han parado y se han sanado. Sanado no, pero sí han reparado sus heridas solas”, agregó.
Un hito para la historia
Aunque la decisión de incluir la perspectiva de género en el acuerdo se tomó en una etapa tardía de las negociaciones, fue un triunfo de las organizaciones de mujeres y un hito adicional en la historia del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las antiguas FARC.
![Delegadas de las organizaciones de mujeres que fueron a La Habana, Cuba, en el marco de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las antiguas FARC, que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. [Foto: Archivo de la Instancia Especial de Mujeres en Colombia].](https://gdb.voanews.com/6ce3cf90-7510-40c6-016d-08dd5c8b1668_w250_r1_s.jpeg)
En el marco de los diálogos con las FARC, la subcomisión de género -creada por la presión de las organizaciones feministas y de mujeres, en ese entonces- “surge con una conformación que intentaba dar visibilidad justamente a la diversidad de las mujeres que habíamos participado y vinculado estas propuestas en el diálogo de La Habana”, explicó Salcedo.
La inclusión de este enfoque fue impulsada por las numerosas mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, víctimas que sufrieron flagelos como el reclutamiento forzado, abusos sexuales, feminicidios y otras formas de violencia basada en el género.
Esta se convierte en una lección clave para otros procesos de paz porque, según Salcedo, se puede hacer revisión y acompañamiento técnico “para la incorporación de medidas específicas… que dieran cuenta de transformaciones estructurales para las mujeres”.
Además, permite “elevar la voz de las mujeres como actoras de la construcción de paz, más allá del hecho de reconocerlas como víctimas mortales del conflicto armado” y una participación social y ciudadana en el seguimiento “positivo y transformador” de esas medidas de género.
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