El gobierno estadounidense impuso el jueves una serie de sanciones económicas a tres funcionarios del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por "actos de corrupción y serios abusos a los derechos humanos".
El anuncio lo hizo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro estadounidense como una respuesta a la “violencia y la corrupción en Nicaragua”.
“La violencia perpetrada por el gobierno del presidente Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los esfuerzos de aquellos cercanos al régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente es profundamente inquietante y completamente inaceptable", dijo Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y el Financiamiento de Inteligencia.
Los tres funcionarios sancionados son Francisco Javier Díaz, comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua, Fidel Antonio Moreno, secretario del alcalde de Managua y José Francisco López Centerno, presidente de la compañía gubernamental de petróelos, Petronic.
Como parte de las sanciones, las propiedades en EE.UU. de estas personas quedaron embargadas de inmediato.
Además, se prohibió a cualquier ciudadano estadounidense hacer negocios o transacciones con dichos funcionarios o con empresas que sean de su propiedad.
"[Las sanciones] son un mensaje a otros miembros del gobierno nicaragüense sobre las consecuencias de apoyar al gobierno de Daniel Ortega", dijo un alto funcionario del gobierno estadounidense en una teleconferencia en donde se anunciaron detalles de las sanciones.
¿Quiénes son los sancionados?
Francisco Javier Díaz es el comisionado de la policía nacional de Nicaragua y, según un alto funcionario del gobierno de EE.UU., bajo su mandato el organismo ha cometido numerosos abusos de derechos humanos, incluidos asesinatos extra judiciales. Díaz estuvo involucrado en el incendio a una casa en Managua en junio, en donde murieron cuatro adultos y dos niños, de acuerdo con el departamento de Tesoro.
Fidel Antonio Moreno es el secretario del alcalde de Managua. Su cargo le coloca como la principal conexión entre el gobierno municipal y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega. Moreno es el líder de las juventudes sandinistas y, al igual que Díaz, ha estado implicado en varios abusos de derechos humanos relacionados con las protestas contra el gobierno.
El departamento de Tesoro afirmó que Moreno ha sido personalmente responsable de las palizas con las que el gobierno de Ortega ha tratado de reprimir a los manifestantes. El secretario también está acusado por haber robado grandes cantidades de dinero del gobierno municipal de Managua para pagar actividades del FSLN.
José Francisco López Centeno es el presidente de Albanisa, una compañía petrolera que importa y vende crudo venezolano, y de Petronic, una empresa petrolera del gobierno de Nicaragua. Albanisa está controlada en un 49% por Petronic y en un 51% por Pedevesa, la empresa de petróleo del gobierno venezolano. López ha sido acusado de usar su puesto de trabajo en su beneficio y el de su familia, por ejemplo a través de adjudicaciones de millonarios contratos gubernamentales.
¿Qué ley promueve las sanciones?
Las sanciones se enmarcan en el Global Magnitisky Accountability Act. Una ley pasada en 2016, durante la administración de Barack Obama, la cual autoriza al presidente bloquear o revocar las visas de algunos extranjeros, al igual que bloquear las propiedades que tengan en el territorio estadounidense. El decreto está enfocado a sancionar a individuos en cualquier lugar del mundo que cometan violaciones a los derechos humanos o actos importantes de corrupción.
El presidente Donald Trump firmó en diciembre del año pasado una orden ejecutiva en la que reafirmaba el decreto conocido como Global Magnitsky. Desde entonces, EE.UU ha impuesto sanciones a 76 individuos y entidades, incluidos funcionarios del gobierno de República Dominicana y de Guatemala.
