La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió a las autoridades de Estados Unidos y a las de Irak que investiguen el empleo de la tortura y el maltrato a detenidos por parte de las fuerzas militares iraquíes.
Pillay señala que los informes revelados en el sitio de internet Wikileaks indican que Estados Unidos sabía de esas prácticas llevadas a cabo en territorio iraquí y que, sin embargo, continuó transfiriendo a ese país a miles de personas bajo custodia estadounidense entre principios de 2009 y mediados de este año.
Los documentos filtrados por la web también apuntan a supuestos asesinatos de civiles en puestos de control de las fuerzas estadounidenses en Irak.
La mandataria de la ONU instó a ambos estados a tomar todas las medidas necesarias para aclarar las alegaciones hechas en esos informes para poder juzgar a los responsables de las ejecuciones sumarias e ilegales, tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos.
Militares niegan acusaciones
Por otra parte, el general George Casey asegura que no hubo un interés por parte del gobierno de Estados Unidos de contar menos muertos de civiles en Irak.
Esta declaración se produce después de los documentos revelados por la red WikiLeaks demostraran informes sobre el intento del gobierno estadounidense por ocultar 15.000 muertes de civiles iraquíes y las más de 100.000 personas fallecidas tras la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003.
“No recuerdo haberle restado importancia a las muertes de civiles. De hecho, activamente salimos y tratamos de contar las muertes de civiles, hasta el extremo de que, en realidad, enviamos líderes, soldados, a las morgues en Bagdad para contar las muertes de civiles”, afirmó Casey.
El general George Casey comandó las fuerzas estadounidenses en Irak desde 2004 hasta 2007. Ahora se desempeña como comandante en jefe del Ejército, y anteriormente también negó sugerencias de que las fuerzas estadounidenses ignoraron el abuso de prisioneros iraquíes.
Asimismo, indicó que la política estadounidense era detener cualquier abuso y reportarlo inmediatamente a las autoridades militarse estadounidenses o iraquíes.
A su vez, la ministra iraquí de Derechos Humanos, Wiydan Mikail, amenazó con demandar ante la Justicia a los dueños de Wikileaks por la difusión de los archivos, los cuales consideró como posibles falsificaciones.
"Irak tiene derecho a demandar al sitio. Si hay libertad de expresión también hay derecho a réplica y el derecho a reclamar derechos", agregó.
