Al costado del Puente # 1, que conecta a peatones, conductores y ciclistas de la ciudad de Laredo, Texas, con la ciudad de Nuevo Laredo, México, decenas de migrantes y solicitantes de asilo se sientan en lo que se construyó para servir de estacionamiento a la oficina de aduanas.
El hormigón estaba caliente por estar expuesto al sol y a temperaturas de 42 grados Celsius (108 grados Fahrenheit).
No habían podido ducharse en tres días, dijeron varios de los migrantes consultados por la VOA. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP, por sus siglas en ingles) a menudo detuvo a los migrantes que cruzaron el río, los retuvo durante dos o tres días y luego los transportó de regreso a México.
Ahora, un mes después del inicio de los Protocolos de Protección Migratoria (MPP, por sus siglas en inglés) impulsados por la administración de Donald Trump, en Nuevo Laredo, el gobierno mexicano está transportando a cientos de migrantes que regresan a la lejana Chiapas, en lo que algunos describen como un programa de deportación disfrazado.
Salidas de autobuses
La Voz de América fue testigo de salidas de autobuses durante dos noches desde un lugar adyacente a un puente peatonal, donde CBP dejó a los migrantes para que esperaran sus audiencias de inmigración en EE.UU. fuera del país.
La primera salida, alrededor de las 12:30 a.m. del 7 de agosto, consistió en ocho autobuses completos, que transportaban de 350 a 400 migrantes.
La noche siguiente, otros tres autobuses partieron del mismo lugar, con aproximadamente 120 personas, muchos de ellos eran familias con niños menores de 10 años.
La mayoría de los migrantes con los que habló la VOA antes de su viaje de 2,100 kilómetros (1,300 millas) eran de Honduras y habían cruzado el Río Grande hacia Estados Unidos en los primeros días de agosto.
Algunos de los migrantes dijeron que sentían que sus audiencias no tenían ninguna posibilidad y que se regresarían a sus respectivos países. Otros planearon utilizar permisos de trabajo temporales en el sur de México mientras consideraban sus próximos movimientos.
Los MPP, también conocidos como la política "Permanecer en México", comenzaron en enero de 2019 en otras ciudades fronterizas. El mecanismo se expandió en marzo, y luego en junio, cuando México se apresuró a responder a la amenaza de aranceles de EE.UU. si el número de migrantes no autorizados a través de la frontera no disminuía.
En un comunicado enviado a la VOA, un portavoz de CBP dijo que esta política permite que Estados Unidos "ayude de manera más efectiva a los solicitantes de asilo legítimos y a las personas que huyen de la persecución, mientras que los migrantes con reclamos falsos o sin fundamento ya no tienen ese incentivo para hacer el viaje".
La administración Trump dijo que creó el programa para aliviar el hacinamiento en los centros de detención de Estados Unidos al hacer que los inmigrantes aguarden las fechas de los tribunales de inmigración en México.
Estados Unidos ha devuelto a México más de 30,000 migrantes bajo la política, dijo el pasado jueves el comisionado interino de CBP, Mark Morgan.
Según un análisis de Human Rights First, CBP ha devuelto un promedio de 450 migrantes por día a México a principios de agosto, más del doble de la tasa de retorno a principios de junio.
Más de 3.000 migrantes han sido devueltos a Nuevo Laredo durante el primer mes que MPP operó en la ciudad, informó la organización independiente de derechos humanos con sede en Estados Unidos.
Ese número incluye a niños y adultos que han sido detenidos cruzando el Río Grande sin autorización de los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., así como a personas que se presentaron en los puertos de entrada para solicitar asilo formalmente.
La mayoría de los migrantes con los que conversó la VOA provenían principalmente de los países del Triángulo Norte como el El Salvador, Guatemala y Honduras. Muchos sintieron que no tenían más remedio que salir en los autobuses, donde sea que se dirigieran, solo para salir de Nuevo Laredo.
Sentados a la sombra de una parada de autobús, intentaban determinar quién quería ir, hacia dónde y cómo llegarían al lugar.
Pocos tenían teléfonos celulares o dinero para contactar a familiares. No tenían conocimiento de la ciudad, ni mapa ni medios para llegar a un refugio local. Todo lo que llevaban eran bolsas de plástico transparente con algunos artículos de higiene, papeles y números de teléfono de familiares a los que llamar cuando pudieran pedir prestado un teléfono a alguien con servicio celular en México.
La reputación de la ciudad mexicana como centro de actividad de carteles de drogas y secuestros de rescate mantuvo a muchos migrantes dentro de los límites del estacionamiento adyacente al Puente # 1.
El Departamento de Estado de EE. UU. publica una advertencia máxima de "Nivel 4: No viajar" debido a delitos y secuestros en el estado circundante de Tamaulipas, donde "grupos criminales armados atacan autobuses de pasajeros públicos y privados, así como automóviles privados", según su aviso.
"Nos traen aquí, donde estás rodeado por el cartel de la droga de los Zetas y, al final, ¿qué seguridad tenemos?", dijo Yuna, un solicitante de asilo cubano que regresó bajo MPP, y quien abordó uno de los ocho autobuses el martes a Tapachula, Chiapas. "No podemos (tomar un taxi) porque nos enviarán a la boca del león. Si vamos a la estación (de autobuses), nos secuestrarán".
Pero según el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, "el tema de la inseguridad no es exclusivo de la frontera".
"En todas partes, hay riesgos, hay peligros en una ciudad que no conoces", dijo Rivas Cuellar a la VOA.
Esperando audiencias en EE.UU.
Aunque las autoridades de inmigración mexicanas redujeron por primera vez el número de retornados en Nuevo Laredo al transportar a algunos a Monterrey, aproximadamente a 220 kilómetros (137 millas) al suroeste, esta semana los autobuses se dirigieron a Tapachula, Chiapas, aproximadamente 10 veces más lejos.
Monterrey se encuentra en una advertencia de Nivel 3, con la precaución de "reconsiderar los viajes debido a un delito" y los toques de queda del personal estadounidense en el área.
Chiapas, el destino más reciente, se considera un riesgo de seguridad de Nivel 2, según el Departamento de Estado, que insta a los visitantes a "ejercer mayor precaución debido a la delincuencia".
También es el estado más meridional de México, lo que significa que, dentro de los límites del país, se acerca tanto a Guatemala, y a su vez, a El Salvador y Honduras, como una persona podría estar mientras permanezca en México.
Esa distancia pone 35 horas de viaje por carretera entre los migrantes y sus citas judiciales en las ciudades fronterizas, algunas de ellas programadas para septiembre, otras hasta finales de noviembre, lo que requiere gastos adicionales que pocas personas con las que habló la VOA podían pagar. Un boleto de ida y vuelta en autobús económico, con conexión en la Ciudad de México, cuesta 111 dólares.
El Instituto Nacional de Migración de México no respondió a una solicitud por correo electrónico para obtener más información sobre el sistema de autobuses.
Los primeros autobuses con destino a Chiapas salieron el 2 de agosto, según un informe de los medios locales.
El padre Julio López, jefe del refugio de migrantes de Nazaret en Nuevo Laredo, dijo que el viaje hacia el sur, aunque en teoría es voluntario, en la práctica se siente como la única opción para algunos migrantes, muestra que desde el principio, incluso el nombre de la política fue un ardid.
"El Protocolo de Protección de Migrantes es, para mí, un protocolo de mentiras para los migrantes", dijo el sacerdote. "No hay protocolo, y si lo hubiera, no es para protección. No hay protección".
Del mismo modo, un agente de inmigración federal mexicano en el sitio de entrega de CBP cerca del puente, dijo que creía que MPP no era una política de espera de citas en la corte, sino una forma de hacer "deportaciones falsas".
"Honestamente, lo que estamos viendo aquí, son deportaciones", dijo a la VOA. "Deportaciones disfrazadas", afirmó.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos traspasó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) la consulta de VOA sobre si el programa MPP funciona efectivamente como un plan de deportación. El DHS y el Instituto Nacional de Migración de México aún no han respondido a consultas similares.
(Contribución: Aline Barros)
