El gobierno del presidente Donald Trump tomó acciones el lunes para atender lo que considera la "creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frotera sur".
A través de un memorando, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, anunció que acelerará el despliegue de cientos de agentes en la frontera sur de Estados Unidos y ampliará la política de retorno a México de migrantes que buscan asilo.
El anuncio se produce en momentos en que el mismo presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado reiteradas veces en los últimos días que cerrar la frontera con México sería "una buena idea" y que recortaría los fondos a los países del Triángulo Norte si no hacen nada para contener la migración de sus connacionales a territorio estadounidense.
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La secretaria Nielsen ordenó al comisionado de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, que realice una nueva distribución de 750 funcionarios para procesar una oleada de familias migrantes que ingresó a Estados Unidos la semana pasada.
El comisionado también tendrá la tarea de evaluar el proceso y autorizar el desplazamiento de más personal con el objetivo de atender la emergencia, si lo considera conveniente y de notificar al DHS si el número de oficiales destacados asciende a más de 2.000.
"La crisis en nuestra frontera está empeorando y el DHS hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin", dijo la secretaria Nielsen. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Congreso no vuelva a actuar, por lo que todas las opciones están sobre la mesa", indicó.
Seguridad Nacional también “expandirá inmediatamente” la política a través de la cual devuelven a ciudadanos centroamericanos a México, mientras esperan la tramitación de sus solicitudes de asilo, en “cientos de migrantes adicionales por día sobre la cantidad actual”, explicó Nielsen en un comunicado.
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Este aumento en las devoluciones incluirá a las personas detenidas o encontradas en o entre los puntos de entrada. Además, la agencia está dirigida a planificar una expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) más allá de las ubicaciones en las que opera actualmente en California y Texas.
