Una nueva caravana con unos 1.500 migrantes partió este jueves de una ciudad fronteriza de México con Guatemala, en momentos en los que otro grupo avanza por el sur del país y las autoridades estadounidenses y mexicanas buscan reforzar la cooperación binacional para frenar la llegada de extranjeros a Estados Unidos.
Con una pancarta en la que se lee “migrar no es crimen, criminal es un gobierno que reprime migrantes”, varios cientos de extranjeros, en su mayoría provenientes de Centroamérica y Sudamérica, partieron de Tapachula, en el estado de Chiapas, donde algunos aseguran que llevaban meses intentando sin suerte regularizar su situación ante las autoridades migratorias mexicanas.
Agobiado por la larga espera y las dificultades económicas salió en la caravana el salvadoreño Alexander Girón, que decidió abandonar su país natal debido a que sus ingresos como vendedor de agua embotellada no le alcanzaban para cubrir la canasta básica.
“La seguridad no basta; si no hay trabajo, no alcanza el dinero para nada, todo está bien caro allá. Vamos para buscar un trabajo y poderles dar una mejor vida a nuestros hijos”, expresó Girón, de 46 años, quien migró de El Salvador junto a su esposa y sus dos hijos adolescentes de 16 años y 18 años.
Hasta el mediodía, el contingente de migrantes había cruzado sin contratiempos dos puntos de control dispuestos sobre la carretera internacional que comunica México con Guatemala ante agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.
La salida del grupo de extranjeros ocurre un mes de otra caravana de unas 6.000 personas, llamada el “éxodo de la pobreza”, que partió el día de Nochebuena también de Tapachula, y que se disolvió a inicios de año.
Semanas después la caravana se reagrupó, muy disminuida, e intenta avanzar entre los estados de Oaxaca y Veracruz, aún en el sur del país.
La semana pasada, autoridades de EEUU y México sostuvieron una reunión de trabajo en Washington para buscar soluciones conjuntas a la problemática migratoria.
El encuentro estuvo precedido por una reunión el 27 de diciembre en la capital mexicana, tras una llamada telefónica del presidente estadounidense, Joe Biden a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para expresarle su preocupación por la ola migratoria que tenía saturada la frontera sur de Estados Unidos.
Llegaron a reportarse diariamente 10.000 cruces irregulares, lo que provocó cierres temporales de algunos cruces fronterizos. Luego de esa reunión, la cifra de cruces diarios descendió bruscamente a unos 2.500 en los primeros días de enero.
El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, admitió a mediados de mes que era pronto para saber si la reducción en los cruces se debía a que México había reactivado a principios de año sus operaciones de traslado de migrantes del norte al sur del país y las repatriaciones —paralizadas a fines de 2023 por falta de fondos — o si también tenían como causa la temporada del año.
No obstante, Estados Unidos ha reconocido que México ha intensificado sus acciones para detener el flujo de migrantes hacia su frontera. Una de ellas fue la reactivación de los vuelos de retorno de migrantes venezolanos en situación irregular a su país de origen.
En la tercera semana de enero las autoridades mexicanas detuvieron a 1.095 migrantes en el centro y sur del país. Un primer grupo de 726 extranjeros, fundamentalmente centroamericanos, fue localizado en una bodega abandonada en el estado central de Tlaxcala.
El pasado 19 de enero fueron hallados en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, 313 migrantes que habían sido abandonados en dos autobuses y otros 56 que viajaban en un camión de carga.
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