En una reunión de los comisionados del condado, en la que participaron el alcalde Carlos Giménez, líderes comunitarios e inmigrantes, la Comisión votó a favor de mantener la directiva del alcalde, contra la que se han manifestado los inmigrantes con protestas y ayunos.
La sesión, que duró varias horas, terminó con gritos de protesta del público. "Nos avergonzamos de ustedes", señaló uno de los asistentes.
En enero pasado Giménez ordenó al Departamento de Prisiones y Rehabilitación cumplir con todas las solicitudes de detención que ordene la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), tras la orden dada por Trump.
Giménez, quien habló en la reunión, aseguró que las "autoridades policiales no se convertirían en autoridades federales de inmigración" y rechazó de nuevo que el condado haya sido etiquetado en 2016 como "santuario".
"El condado nunca ha sido considerado una comunidad santuario", manifestó el alcalde, quien dijo que como inmigrante en el país durante más de 50 años entiende a esa comunidad.
"Esto es Estados Unidos, si quieren estar aquí y obedecer la ley tienen que venir legalmente", dijo uno de los participantes del público.
Entre tanto el inmigrante Carlos Olmos pidió a los comisionados que estuvieran del lado de los trabajadores agrarios. "Sólo quiero que estén de nuestro lado, estamos temerosos", dijo.
Desde enero de 2014, el condado de Miami-Dade rehusaba las detenciones prolongadas (más allá de las 48 horas), ordenadas por ICE a fin de ahorrarse miles de dólares anuales, ya que se reducía la estadía de estos inmigrantes en las prisiones, especialmente aquellos detenidos por delitos menores.
Sin embargo, el alcalde cuestionó hoy que "ICE no ha reembolsado al condado".
"Entre los años fiscales 2006 y 2013 el condado facturó a ICE cerca de $2 millones de dólares y ICE pagó (sólo) cerca de 2.000 dólares", precisó Giménez.
Grupos a favor de la inmigración rechazaron la decisión, al señalar que Miami-Dade es una comunidad inmigrantes y agregaron que por ley las detenciones prolongadas requieren de una "orden judicial", no simplemente una "solicitud de un funcionario federal".
El presidente Trump firmó en la primera semana de su mandato una orden ejecutiva que retira fondos federales a las denominadas "ciudades santuario", como se denomina a las que rechazan destinar fondos y esfuerzos para cooperar con programas federales que no son de obligatorio cumplimiento.
