La campaña contra las "ciudades santuario" prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desencadenado acciones contrapuestas en los estados del país en función del partido que los gobierna, dejando al descubierto la profunda división nacional en materia de inmigración.
Los defensores de estas medidas afirman que su estrategia facilita que la gente sin permiso de residencia reporte delitos sin temor a la deportación. Sus críticos expresan preocupaciones sobre la delincuencia.
Algunos estados maniobraron para aplicar su orden, mientras que otros se desmarcaban del gobierno federal para proteger a los migrantes que viven en el país sin permiso de residencia.
El concepto de "santuario" alude a medidas de las administraciones locales para resistirse a la persecución de migrantes en situación irregular.
En contra
California, el estado más grande del país, quiere establecer medidas a nivel estatal que prohibirían a las fuerzas de seguridad cooperar con las autoridades federales de inmigración.
Otro estado fronterizo, Texas, ha anunciado que retendrá fondos a las "ciudades santuario".
San Francisco reafirmó su compromiso con las políticas de santuario al demandar a Trump el martes, el mismo día en que los senadores estatales de California avanzaron en una legislación que daría dinero a los abogados de inmigrantes que afronten la deportación.
Se estima que en California viven unos 2,3 millones de inmigrantes que están en el país sin permiso de residencia.
Oregon fue pionero en establecer medidas santuario a nivel estatal con una ley en 1987.
"Ellos cortan nuestros pastos. Recogen nuestras uvas", dijo Brown la semana pasada. "Cuidan de nuestros hijos y cuidan de nuestros ancianos, y quiero asegurarme de que se sienten bienvenidos en Oregon", aseguró la gobernadora de Oregon, Kate Brown.
A favor
Los partidarios del presidente han celebrado las medidas. En su mayoría, las ciudades implicadas han reforzado sus políticas de santuario.
En Texas, el gobernador Greg Abbott recibió con los brazos abiertos la orden de Trump y dijo que el gobierno ha mostrado la posibilidad de asegurar la frontera.
Abbott dio instrucciones a los legisladores para que le presenten una ley en junio que castigue a los gobiernos locales que no cooperen con las autoridades migratorias federales.
El gobernador quiere cortar el flujo de dinero de los contribuyentes a las localidades que no detengan a los inmigrantes, y también ha pedido competencias para destituir a funcionarios locales electos si no obedecen.
Idaho también ha tomado medidas para aplicar el decreto de Trump, aunque el estado no tiene "ciudades santuario".
Una ley prevista para esta semana impondría retenciones de dinero público en el caso de que se crease alguna.
