Los nicaragüenses de ingresos medios y bajos están sintiendo la presión de la crisis política donde más les duele: en el bolsillo. Y es que están atrapados entre las mandíbulas de una tenaza de dos sectores de poder que están apretando con tanta fuerza como pueden.
Por un lado el gobierno, aumentando los impuestos y amenazando al sector privado para forzarlo a restablecer el acuerdo de entendimiento que permitió al país navegar en aguas calmas hasta explotar la crisis de abril del 2018.
Al otro lado, los empresarios exigiendo que para llegar a cualquier nuevo arreglo con el gobierno, primero deben liberarse a los prisioneros políticos, respetar las libertades cívicas, hacerse reformas electorales y adelantar las elecciones del 2021.
Y nadie da señales de ceder.
El académico Arturo Cruz, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, (INCAE) y exembajador del gobierno de Daniel Ortega en Washington, afirma que Nicaragua sufre las convulsiones de un necesario parto del que se espera surja un nuevo país, sin que haya más muerte ni destrucción que reportar.
“Como país entonces, parafraseando a unos de los científicos sociales más notables del Siglo XIX (Carl Marx), estamos en una suerte de transición, entre el viejo régimen que no termina de agonizar, y el nuevo, que no termina de nacer”, expuso recientemente Cruz, ante una reunión de la Cámara de Comercio Nicaraguense Americana.
Las dificultades que atraviesan por ahora los nicaragüenses tienen sus raíces en la crisis política que estalló en abril del 2018, luego que el gobierno reprimiera cruentamente las protestas que en su inicio fueron contra reformas al sistema de seguridad social. Tras la represión, las protestas se tornaron en gritos exigiendo la salida de Ortega del poder.
La crisis obligó a la clase empresarial a declarar “agotado” el acuerdo que mantenían con el gobierno, según el cual, ellos se comprometían a fomentar el desarrollo económico, siempre que Ortega respetara la economía de libre mercado, la propiedad privada y las libertades democráticas. Los empresarios pasaron de un “amarre” con el gobierno, a la acera de la oposición.
El estado de la economía
Resultado de esta lucha de fuerzas, el país ha registrado un aumento sensible en la inflación de los precios de los productos de la canasta básica familiar. El gobierno suspendió meses atrás la publicación de los datos de inflación y otros indicadores macroeconómicos que durante años fueron publicados sin retraso en el portal web del Banco Central de Nicaragua.
Economistas independiente estiman que el 2019 cerrará con un índice de inflación aproximado al 6.5 por ciento, lo cual consideran alto especialmente cuando en Nicaragua no hay una situación de bonanza, sino de recesión. Los principales sectores que desde la llegada de Ortega al poder en el 2007 venían impulsando la economía se han desacelerado sustancialmente.
La construcción y el turismo han visto una notable reducción en la demanda. Restaurantes y hoteles han cerrado indefinidamente sus puertas ante la desbandada de los turistas. Empresas constructoras nicaragüenses han cerrado sus operaciones y ahora buscan ejecutar proyectos en otros lugars de Centroamérica y Estados Unidos. Los bancos no están prestando fondos al sector privado. Miles de empleos se han perdido. Todo esto motivado por la falta de confianza de los empresarios en el futuro del país debido a la crisis política.
“Contra este telón, la Misión pronostica una contracción del Producto Interno Bruto del 4 por ciento en el 2018”, concluyó el Fondo Monetario Internacional en su más reciente revisión de la economía nicaraguense a inicios de octubre. “Una caída en los ingresos disponibles debido a la contínua pérdida de empleos, y la reducción del crédito bancario se proyecta resultará en una disminución del consumo y la inversión privada”.
En un escenario tal, los precios tienden a desinflarse pues los empresarios buscan como colocar, aunque sea a un precio menor el máximo de sus productos. Pero en el caso de Nicaragua, los precios se han inflado pues el gobierno ha aumentado los impuestos a una variedad de productos, incluyendo varios que antes estaban exonerados.
Juan Sebastián Chamorro es un doctor en economía que forma parte de la dirigencia de la Alianza Cívica, coalición de grupos opositores que surgió para participar en el fallido diálogo nacional que fue convocado por la Iglesia Católica para frenar la violencia del año pasado,
Dirige el organismo privado de estudio económico Fundación Nicaragüense para el Desarrollo, (Funides). Afirma que la inflación que se está registrando en el país se estima podría cerrar el año en un 6.5 por ciento, comparado al 3.7 del año pasado. Y agrega que aunque en tiempos normales, una inflación del 6.5 por ciento aunque alta no es escandalosa, en medio de una recesión si lo es.
“Y esto es todo motivado por el alza en los impuestos”, explicó Chamorro.
¿Por dónde se sale de la crisis?
La pregunta entonces es cómo podrán hacer los nicaragüenses para alcanzar un nuevo acuerdo que permita el la convivencia democráica, el regreso de la confianza de la inversión nacional y extranjera, que reactive la generación de empleos y aumente las recaudaciones fiscales sin tener que subir nuevamente los impuestos?
Nadie tiene una idea clara, pues la respuesta del gobierno sobre cómo afrontarán cualquier nuevo intento por remover a Ortega del poder, la resume en una sola palabra: “Plomo”. Incluso, trabajadores estatales y militantes del partido Frente Sandinista, usan ahora camisetas con la palabra plomo impresa en la espalda.
Y las amenazas no quedan ahí. Un hijo del presidente Ortega, considerado el más belicoso de la familia, se plantó a inicios de esta semana frente a la sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y acompañado de una decena de simpatizantes suyos, para arengar contra los empresarios y recordarles que como dijo el guerrillero antinorteamericano Augusto César Sandino, “la libertad no se conquista con flores, sino a balazos”. Al día siguiente, una veintena de paramilitares usando pasamontañas, filmaron un vídeo en el norte del país, presentándose como militantes del Frente Sandinista, un “partido político y militar” dispuestos a “aniquilar” cualquier nuevo intento por desestabilizar al gobierno.
Algunos consideraron ambos hechos como amenazas a los empresarios. Pero otros, como el diputado conservador, Alfredo César, vieron en ellos la típica forma de Ortega de llamar a una negociación.
“Ese ha sido su estilo siempre, cuando quiere negociar, te amenaza”, explicó César, en declaraciones vía telefónica a VOA. César insiste en que la oposición debe de una vez convocar a un paro económico indefinido, tal como hicieron los empresarios bolivianos para protestar contra el fraude electoral, que resultó en la renuncia del presidente Evo Morales.
Otros analistas no le ven futuro a un paro indefinido, pues consideran que los pequeños y medianos empresarios están demasiado preocupados con su subsistencia como para arriesgarse a la quiebra o a represalias del gobierno.
“Es que a los que están en Nicaragua lo que les preocupa es que van a comer hoy, la comida, bróder”, dijo uno de esos analistas que pidió no se publicara su nombre. “Para los que están en Miami es muy fácil hablar de paralizar el país y destruir la economía”.
Otros, que reconocen que a pesar de la inflación Ortega ha maniobrado bien para mantener indicadores macroecómicos relativamente saludables, dicen que la yugular del gobierno nicaragüense está en el flujo de fondos provenientes de los organismos financieros multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
Y, según estos, la clave para ahogar a Ortega es dificultarle el desembolso de unos 600 a 900 millones que Nicaragua ya tiene aprobados y están en la tubería de los multilaterales para ser desembolsados de ahora hasta el 2021. La llave para bloquear esos fondos estaría en lograr la suspensión de Nicaragua de la OEA,la cual ya ha condenado en varias ocasiones la represión gubernamental.
El problema de esa estrategia, señalan los analistas, es que aún no se tienen los suficientes votos en la OEA para suspender a Nicaragua, especialmente ahora que se perdió el apoyo de Argentina, que bajo la presidencia de Mauricio Macri, fue sumamente crítica del gobierno de Ortega en las audiencias especiales sobre Nicaragua en la OEA.
Por su parte, Chamorro, lamenta el estancamiento actual. “No hay avance, el planteamiento del gobierno sigue siendo, balas”.
“Hay que insistir en una solución negociada. Para eso existe la presión cívica y la continuación de las protestas”, explicó v[ia telef[onica a VOA. “Por eso es que no hemos parado de protestar y seguimos estando en las calles”.
El panorama sigue siendo incierto, lo cual mantiene a la inversión nerviosa y distante. La polarización es latente, especialmente cuando uno de los bandos propone resolver todo con “plomo”. Y por ahora no hay una luz al final del túnel de incertidumbres y dificultades económicas.
Y viene más aún.
Como parte de las medidas gubernamentales para balancear los ingresos fiscales con los egresos del Presupuesto, y además, para apretarle más las tuercas a los empresarios, según los analistas, viene otro aumento en los impuestos en el mes de diciembre.
