Una ley en Illinois tendente a poner fin a las detenciones federales de inmigración en el Año Nuevo enfrenta otro escollo jurídico, demorando un cambio que los defensores de los derechos de los inmigrantes habían festejado y considerado histórico.
Los gobiernos locales en Illinois no pueden concertar nuevos acuerdos federales que permiten a las cárceles alojar a inmigrantes detenidos y en 2022 deben ponerles fin a los que tengan vigentes de acuerdo con la ley que el gobernador J.B. Pritzker firmó en agosto.
Otros estados, como Maryland y Nueva Jersey, han decretado leyes similares.
Tres condados de Illinois que tienen esos acuerdos federales enfrentaban el plazo del 1 de enero para que pusieran fin a los contratos. Mientras que un condado en el sur de Illinois se ajustó a la medida el año pasado, otros dos están envueltos en una demanda federal por impugnar la ley.
El caso fue desechado el mes pasado, pero un juez federal concedió el jueves una prórroga mientras se considera una apelación. Las autoridades en los condados McHenry y Kankakee tienen ahora hasta el 13 de enero.
Los activistas a favor de los derechos de los inmigrantes han festejado la ley durante meses. Dijeron que la encarcelación de personas que aguardan los procedimientos de inmigración es inhumana y costosa. Sin embargo, otras partes, como las autoridades de los condados McHenry y Kankakee, arguyen que perderán ingresos y que poner fin a los contratos crea nuevas complicaciones como alejar a los detenidos de sus familias.
“Esta decisión no repercutirá para nada en la liberación de los detenidos”, señaló en un comunicado el sheriff del condado Kankakee, Mike Downey, después de la desestimación de la demanda. “De hecho sin duda serán transferidos a otros estados, lo que obligará a las familias de los detenidos a viajar más lejos para visitar a sus seres queridos, todo debido a la típica política partidista de Illinois en Springield”.
En el extremo sur de Illinois, el Centro de Detención del Condado Pulaski retiró a todos los inmigrantes detenidos durante el fin de semana que abarcó el Día del Trabajo. La mayoría de los alrededor de 50 detenidos fueron transferidos a alguna de las otras dos instalaciones en Illinois o a Kansas.
Inicialmente tres fueron liberados, y más lo serán en los próximos días durante un proceso en el que se permite a los detenidos presentar pruebas sobre sus casos. Un total de 15 detenidos fueron puestos en libertad, según documentos judiciales.
“Yo estaba muy feliz. Incluso llorando. Creí que se trataba de un milagro”, dijo Ángel un inmigrante procedente de Honduras que declinó dar sus apellidos debido a que tiene pendiente su caso de inmigración. Ángel, que tiene cuatro hijos, huyó de Honduras debido a la violencia de las pandillas.
Estuvo detenido alrededor de un mes después de que la policía lo encontrara dormido en un vehículo estacionado porque estuvo bebiendo. Se entregó a las autoridades de inmigración. Después de que lo dejaran en libertad de Pulaski durante el fin de semana del Día del Trabajo se reunió con su familia en Indiana, según Diana Rashid, abogada del National Immigrant Justice Center, con sede en Chicago.
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