Era pasada la medianoche. Exactamente las 2 de la madrugada del lunes. La camioneta Toyota Prado color gris pasó frente a los numerosos puestos de venta de comida callejera donde a diario los visitantes compran algo para calmar al estómago mientras esperan la hora de las visitas.
Al final de la angosta calle, la camioneta se detuvo frente al portón metálico gris que en enormes letras negras dice: “Centro Penitenciario Jorge Navarro”. En realidad casi nadie conoce este lugar de Managua por ese nombre. La gente le llama “Cárcel Modelo”.
A bordo de la camioneta, viajaba un hombre blanco, con acento italiano, de lentes de marcos ligeros, vestido con camisa con cuello clerical gris y saco color oscuro. Llegó al lugar con la autoridad de ni más ni menos que del padre jesuita, Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco.
Llegó puntual a un acto para el que lo hicieron esperar durante meses. Llegó a buscar a 91 de los nicaragüenses que el gobierno de Daniel Ortega le informó horas antes que liberaría después de haberlos arrestado bajo cargos de terrorismo, tenencia ilegal de armas, y otros.
Abogados, familiares y organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos aseguran que fueron arrestados por ejercer su derecho a protestar, a expresar su inconformidad y repudio por las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Un grupo fue incluso arrestado por intentar llevar botellas de agua a un grupo de madres de presos políticos que se declararon en huelga de hambre en una iglesia católica de la ciudad de Masaya.
Meses de gestiones del Vaticano
Durante meses, el hombre del cuello clerical y el acento italiano, no cesó de insistir en que se cumpliera lo que Ortega se comprometió a hacer durante un diálogo con la oposición en marzo pasado, con la Iglesia como testigo: liberar a los presos políticos.
El hombre a bordo de la camioneta gris placa diplomática CD 00001, por ser el decano del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, era Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio Apostólico, representante del Papa Francisco en Nicaragua.
Consigo llevaba la lista con los nombres de las 91 personas que recibió del gobierno horas atrás, tras meses de persistentes gestiones.
“En cada oportunidad que él tenía contacto con el gobierno, aprovechaba para seguir insistiendo que se tenía que liberar a los presos”, dijo a la Voz de América en una entrevista telefónica José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“El Nuncio nunca desistió, nunca dejó de insistir en que se cumpliera con lo que se había acordado de liberar a todos los presos políticos”, afirmó Aguerri.
La liberación de los 91 prisioneros que comenzó antes del amanecer del lunes, fue la vencida, en el tercer intento luego de dos esfuerzos frustrados.
Desde que en marzo pasado se firmó un acuerdo entre gobierno y la oposición, con la Iglesia Católica como testigo, el nuncio Sommertag no paró de insistir. En agosto, el COSEP envió una carta al Papa Francisco reiterándole su solicitud de apoyo para encontrar una solución al conflicto nicaragüense. Poco tiempo después, el gobierno habló de una fecha. Se les liberaría el 15 de septiembre, día en que Centroamérica celebra su independencia de España.
Pero para ese mismo día estaba programada la llegada al país de una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual era percibida por Ortega como hostil. Ortega decidió prohibir la entrada al país a la misión integrada por representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, los tres primeros países con gobiernos críticos de Ortega, informó entonces la prensa local.
La prohibición de la entrada de la misión de la OEA ocasionó conmoción en los círculos diplomáticos y la liberación de los presos políticos se canceló sin nueva fecha. Los familiares de los presos habían recibido una convocatoria para presentarse el 15 de septiembre a la “Cárcel Modelo”. Salieron de ahí cargando su decepción.
El nuncio Sommertag siguió insistiendo y, según dirigentes opositores cercanos al embajador del Vaticano, recordándole “que el compromiso no era con él, sino con el Santo Padre”. Insistía en que los presos deberían salir antes de Navidad.
Pero en noviembre, un incidente que involucraba a un sacerdote enfermo pasó a ocupar la atención de la jerarquía católica nicaragüense y del Vaticano. Un grupo de familiares de presos políticos decidió realizar una huelga de hambre indefinida en la Iglesia San Miguel Arcángel, de la ciudad de Masaya.
El sacerdote Edwin Román, quien ya se había dado a conocer por su apoyo a los que participaban en las protestas y que bloquearon las calles y carreteras de esa ciudad, les ofreció acompañarlas.
La policía respondió estableciendo retenes impidiendo el paso de vehículos y peatones hacia la Iglesia. A los feligreses se les impedía llegar a la Iglesia, Y cuando un grupo de jóvenes intentó pasarles botellas de agua a los huelguistas, fueron arrestados y acusados de tráfico de armas. El padre Román quedó atrapado en su iglesia. El gobierno ordenó les cortaran el agua potable y la energía eléctrica.
Durante nueve días se repartieron la poca comida que tenía el padre Román. Pero el religioso es diabético. Y le quedaban pocas dosis de insulina para mantener su enfermedad bajo control.
Por las noches escuchaban como simpatizantes del gobierno, a los que ellos llaman “turbas”, les golpeaban violentamente las puertas. Temían que estos grupos entraran violentamente a la Iglesia y agredieran o mataran a todos. La tensión y la mala alimentación empezaron a hacer estragos en la salud del sacerdote.
Por la falta de energía, cargaba su celular en el automóvil estacionado dentro de los predios de la Iglesia. En su celular recibía diario las llamadas del Arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes. También se comunicaba con el Arzobispo Auxiliar, Monseñor Silvio Báez, quien había sido trasladado a Roma por el Vaticano “para preservar su vida”. Finalmente, un vecino les pasó una extensión eléctrica con un cargador para celulares.
Mientras estuvieron incomunicados, el párroco tenía un código con los feligreses que viven en las cercanías de la Iglesia. Si sonaban las campanas sería porque la Policía o las “turbas” estaban entrando a la fuerza, o porque el párroco o una de las familiares de los presos estaba mal de salud.
Las gestiones del Nuncio se viraron hacia la situación en la Iglesia San Miguel, la cual había captado la atención del país y de la prensa extrajera. Una reportera del diario The New York Times llegó a las afueras de la Iglesia a cubrir la situación y fue agredida por mujeres simpatizantes del gobierno. Una de ellas lanzó un adoquín contra el auto en que la periodista Frances Robles huía del lugar. Robles publicó en su cuenta de Twitter una foto del carro con el cristal trasero destrozado y un vídeo de la agresión de una mujer en su contra.
La principal amenaza contra el párroco era su salud. Ya estaban por agotarse sus dosis de insulina. El gobierno aceptaba que entrara el cardenal Brenes o el nuncio Sommertag a la Iglesia, pero sólo para evacuar al padre Román, aunque no a las madres de presos que hacían huelga de hambre.
“Ni el Cardenal ni yo estuvimos nunca de acuerdo con abandonar a las familiares de los presos”, explicó el padre Román en entrevista en Miami con la VOA. “Lo hacían para intentar hacernos quedar mal ante la población, haciéndonos lucir como que abandonamos a las familiares”.
El papa Francisco
El cardenal Brenes dijo a medios locales que tres días después de iniciado el asedio “supo” que el Papa Francisco había tenido una comunicación con el presidente Ortega para pedirle “un gesto de buena voluntad liberando a todos los prisioneros políticos antes de navidad”. Brenes no ha aclarado si la comunicación fue una llamada telefónica, una carta a Ortega, o un mensaje a través del Nuncio.
Cuando ya se esperaban malas noticias por la salud del padre Román, se anunció que la Cruz Roja trasladaría al sacerdote y a las madres a hospitales privados en Managua. El sacerdote estaba deshidratado y fue dado de alta a los dos días de haber ingresado al hospital. La atención volvió a los prisioneros políticos y el Nuncio regresó a sus gestiones, fortalecido ahora por la “comunicación” mencionada por el cardenal Brenes.
Se fijó entonces la fecha del 21 de diciembre. Pero nuevamente, una medida extranjera sobre el gobierno descarriló el plan. El 12 de diciembre el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el hijo de Ortega, Rafael Ortega Murillo, y la empresa con la que se le vinculaba, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, por supuestamente ser usada para el enriquecimiento ilícito de la familia presidencial.
La sanción contra Ortega Murillo enardeció a la vicepresidenta Rosario Murillo, la esposa de Ortega, quien días más tarde dijo a los opositores, a quienes responsabiliza de las sanciones estadounidenses, que “dejen de joder, dejen de joder, con la paz no se juega”.
La expresión de la vicepresidenta sorprendió a los opositores que la consideraron carente de compostura y señal de desesperación ante las presiones internas y externas. Nuevamente, la liberación de los presos políticas se vio frustrada.
Pero el Nuncio siguió insistiendo. Y este pasado fin de semana recibió la confirmación de que se liberaría a los prisioneros políticos el lunes en la madrugada, Lo citaron para las 2 a.m. Habría que cotejar los nombres de los liberados con la lista que se le había enviado horas antes.
“El llegó ahí sabiendo que no se movería de ahí sino hasta corroborar que saliera hasta la última persona que estaba en la lista”, explicó Juan Sebastián Chamorro, dirigente de la Alianza Cívica, cuya sobrina estaba entre los detenidos por intentar llevar botellas de agua al padre Román y las madres de presos políticos en la Iglesia San Miguel. La sobrina de Chamorro estuvo entre los liberados el lunes por la mañana, explicó él mismo en entrevista telefónica con VOA.
Pero faltan más
Según Chamorro y Aguerri, son 65 los reos de la lista original que el gobierno se comprometió en marzo a liberar. Hay muchos otros más, detenidos posterior a la firma del acuerdo de marzo. Al Nuncio Sommertag le falta no sólo lograr la liberación de los restantes prisioneros políticos, sino promover un acuerdo político que ponga fin a la polarización extrema entre el gobierno y sus opositores.
Para ese acuerdo, aún no hay fecha.
En imágenes: La liberación en Nicaragua de 91 presos por razones políticas
