A un día de la aplicación de la polémica nueva Ley de Medios de Comunicación, que fija topes en el número de licencias –10 al aire y 14 por cable– y cuotas de mercado del 35 % en televisión y radio que pueden tener los medios privados en la Argentina, una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llegó a Buenos Aires para analizar la situación de la prensa.
Según reporta el corresponsal de la Voz de América en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, el presidente de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que "no llegaron para defender a ningún grupo mediático o económico. Sino a verificar que no se restrinja la libertad de expresión y prensa en el país".
"Lo único que me asusta y preocupa es que el Estado, a través de cualquier ley, se quiera meter en los contenidos de los medios. Cualesquiera sean los medios –escritos, radiales, audiovisuales o de internet— el Estado no tiene que meterse en nada”, dijo Paolillo.
“Los contenidos los hacen los medios y el público juzga, lo premia o lo castiga. No lo ve más, lo compra o no al diario al semanario, apaga la televisión, cambia la radio, etc. Pero el Estado diciendo qué debe leer o ver la gente, no puede ser. Parece lo que hacían los militares, que te decían esto sí, esto no", agregó Paolillo.
En las reuniones con los intelectuales, periodistas, políticos y legisladores, se busca profundizar en las denuncias recibidas de distintos socios, desde octubre de 2009, cuando el Congreso Argentino aprobó la ley, que está frenada en parte de sus artículos por recursos judiciales presentados por el Grupo Clarín, el más poderosos del país, dueño de licencias de radio, televisión, internet, televisión que ocupan la porción más importante del mercado.
El Presidente de la SIP señaló que "no le compete tomar posición sobre las demandas, porque es la justicia la que determinará si los artículos son constitucionales o no. Pero sí se mostró preocupado por la situación que viven los medios de la región.
Mientras tanto, la organización Reporteros sin Fronteras reiteró su apoyo a los principios generales de esta ley y aprobó su aplicación. Sin embargo, la organización lamentó “que ésta aparezca en medio de un clima perjudicial para los mismos periodistas, provocado tanto por el gobierno como por los grupos de prensa hostiles a la ley –Clarín a la cabeza”, dijeron en un comunicado.
El comunicado también establece que la defensa de la libertad de prensa o de información no debe confundirse con la defensa de intereses comerciales. “En nuestra opinión, el grupo Clarín ha cometido el error de luchar contra la ley manteniendo intencionalmente esta confusión”, añade el comunicado.
Según reporta el corresponsal de la Voz de América en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, el presidente de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que "no llegaron para defender a ningún grupo mediático o económico. Sino a verificar que no se restrinja la libertad de expresión y prensa en el país".
"Lo único que me asusta y preocupa es que el Estado, a través de cualquier ley, se quiera meter en los contenidos de los medios. Cualesquiera sean los medios –escritos, radiales, audiovisuales o de internet— el Estado no tiene que meterse en nada”, dijo Paolillo.
“Los contenidos los hacen los medios y el público juzga, lo premia o lo castiga. No lo ve más, lo compra o no al diario al semanario, apaga la televisión, cambia la radio, etc. Pero el Estado diciendo qué debe leer o ver la gente, no puede ser. Parece lo que hacían los militares, que te decían esto sí, esto no", agregó Paolillo.
En las reuniones con los intelectuales, periodistas, políticos y legisladores, se busca profundizar en las denuncias recibidas de distintos socios, desde octubre de 2009, cuando el Congreso Argentino aprobó la ley, que está frenada en parte de sus artículos por recursos judiciales presentados por el Grupo Clarín, el más poderosos del país, dueño de licencias de radio, televisión, internet, televisión que ocupan la porción más importante del mercado.
El Presidente de la SIP señaló que "no le compete tomar posición sobre las demandas, porque es la justicia la que determinará si los artículos son constitucionales o no. Pero sí se mostró preocupado por la situación que viven los medios de la región.
Mientras tanto, la organización Reporteros sin Fronteras reiteró su apoyo a los principios generales de esta ley y aprobó su aplicación. Sin embargo, la organización lamentó “que ésta aparezca en medio de un clima perjudicial para los mismos periodistas, provocado tanto por el gobierno como por los grupos de prensa hostiles a la ley –Clarín a la cabeza”, dijeron en un comunicado.
El comunicado también establece que la defensa de la libertad de prensa o de información no debe confundirse con la defensa de intereses comerciales. “En nuestra opinión, el grupo Clarín ha cometido el error de luchar contra la ley manteniendo intencionalmente esta confusión”, añade el comunicado.
