El 5 de marzo, Alexey Zhuravlev, miembro de la Duma Estatal (la cámara baja del parlamento ruso), minimizó el alcance de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra dos altos comandantes militares rusos sospechosos de crímenes de guerra en Ucrania, sugiriendo que las órdenes no tendrían ninguna consecuencia:
"Estoy seguro de que los marineros de la Flota del mar Negro se reirán hoy juntos del hecho que su mando es buscado por la Corte Penal Internacional... esto es algo insignificante, diseñado para provocar una ola de información, nada más".
La afirmación de Zhuravlev es falsa.
Si bien Rusia es un refugio seguro para presuntos delincuentes, estos serán arrestados y llevados ante la CPI si viajan a cualquiera de las 124 naciones del mundo que reconocen la jurisdicción de la corte mundial. El cambio de régimen en Rusia también podría poner fin a la impunidad.
El 5 de marzo, la CPI emitió órdenes de arresto internacionales contra el teniente general. Sergei Kobylash, comandante de la aviación de largo alcance de Rusia, y el almirante Viktor Sokolov, ex comandante de la flota rusa del mar Negro.
Kobylash y Sokolov son sospechosos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos entre el 10 de octubre de 2022 y el 9 de marzo de 2023. La CPI alega que las fuerzas militares bajo su mando son responsables de los ataques con misiles contra la infraestructura eléctrica ucraniana. El ejército ruso atacó deliberadamente objetivos civiles, “causando daños incidentales excesivos a los civiles”, dijo el tribunal.
La Corte Penal Internacional opera bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La CPI amplía su jurisdicción y autoridad a 124 naciones del mundo que firmaron el tratado internacional conocido como Estatuto de Roma. Esos signatarios, que representan el 64 % de todos los países, deben arrestar a cualquier objetivo con una orden de la CPI y enviárselo para su juicio.
Los 27 países europeos, los 12 países en América del Sur, 33 de los 54 países en África, junto con Australia y Japón, son signatarios del Estatuto de Roma y, por lo tanto, reconocen la jurisdicción de la CPI.
“Cualquier representante de la Flota del mar Negro que haya ocupado algún puesto directivo durante el período de bombardeos masivos de infraestructura civil en Ucrania en 2022 y 2023 es cómplice o testigo”, dijo el experto en derecho internacional Boris Babin al Servicio Ucraniano de Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL), una organización hermana de la VOA.
“...Estamos hablando de decenas, cientos y posiblemente miles de personas involucradas en estos crímenes. ... Esto, como mínimo, no reforzará la capacidad de combate de la Flota del mar Negro”, afirmó Babin.
En marzo pasado, la CPI emitió órdenes de arresto internacionales contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por cometer el crimen de guerra de deportar ilegalmente a niños ucranianos.
Como resultado, Putin realizó sólo seis viajes al extranjero en 2023. Tres de ellos fueron a Kazajstán, Kirguistán y Bielorrusia, que son miembros de la Comunidad de Estados Independientes, una organización intergubernamental regional euroasiática controlada por Rusia. Putin también viajó a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y China.
En 2022, el año en que Putin lanzó la invasión a gran escala de Ucrania, viajó al extranjero nueve veces.
En comparación, Putin realizó 22 visitas al extranjero en cada uno de los años anteriores a la COVID, 2018 y 2019.
Desde que el Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002, los jueces de la CPI han emitido órdenes de arresto para 42 personas, 21 de las cuales han sido detenidas por los Estados signatarios y entregadas a la CPI.
La CPI ha revisado o aún está revisando 31 casos, y sus jueces han dictado 10 condenas y cuatro absoluciones.
Dos de los condenados se encuentran actualmente cumpliendo condena. Dominic Ongwen, ex comandante de brigada del Ejército de Resistencia del Señor, un grupo guerrillero ugandés, fue arrestado en 2014 y condenado en 2021 a 25 años por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Bosco Ntaganda, un ex líder rebelde congoleño, se entregó a la embajada de Estados Unidos en la República Democrática del Congo en 2013. En 2019, la CPI lo declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto de 2002-2003 en el este de República Democrática del Congo. Fue sentenciado a 30 años de prisión.
En marzo de 2009, el presidente sudanés Omar al-Bashir se convirtió en el primer jefe de Estado en ejercicio acusado por la CPI. El tribunal emitió una orden de arresto acusándolo de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio en relación con el conflicto de Darfur, que según la ONU, mató a 300.000 personas y desplazó a 2.5 millones más entre 2003 y 2008.
En abril de 2019, al-Bashir fue derrocado mediante un golpe militar. En agosto de 2021, el gobierno sudanés dijo que entregaría a al-Bashir a la CPI.
En abril de 2023, Bashir y otros miembros de su régimen derrocado supuestamente fueron trasladados a un hospital militar cerca de Jartum, la capital de Sudán, en medio de combates entre elementos del ejército del país y las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF).
Laurent Gbagbo, ex presidente de Costa de Marfil, se convirtió en el primer ex jefe de Estado en comparecer personalmente ante la CPI. En noviembre de 2011, fue acusado de crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado que afectó al país entre 2010 y 2011. Las audiencias del caso comenzaron en enero de 2016 y la CPI absolvió a Gbagbo en enero de 2019.
[El artículo fue originalmente publicado por Polygraph y traducido por Mila Cruz].
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