La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este martes que el criticado proyecto de ley sobre extradiciones a China, que provocó una ola inédita de protestas, "está muerto", pero no accedió a las demandas de retirar el texto.
En sus declaraciones más conciliadoras desde el inicio de las manifestaciones, hace un mes, la jefa del gobierno admitió que los intentos de su Ejecutivo para aprobar el proyecto de ley resultaron ser "un fracaso total".
Sin embargo, un grupo clave de las masivas manifestaciones en Hong Kong contra el proyecto de ley prometió que habrá nuevas protestas y rechazó las declaraciones de la dirigente del Ejecutivo.
"Si Carrie Lam y su gobierno siguen sin escuchar nuestras cinco reivindicaciones, el Foro Civil por los Derechos Humanos seguirá celebrando protestas y asambleas", dijo a la prensa su portavoz Bonnie Leung.
La excolonia británica lleva semanas sumida en su peor crisis de la historia reciente, con unas masivas manifestaciones que en algunos casos derivaron en violentos enfrentamientos entre policías y una minoría de manifestantes más radical.
Las protestas las desencadenó un proyecto de ley, suspendido, que habría permitido las extradiciones a la China continental. Pero se transformó en un movimiento más amplio para reclamar reformas democráticas y el fin de la erosión de las libertades en este territorio semiatónomo.
Esta crisis –durante la cual la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma y los manifestantes arrasaron el Parlamento local– es el reto más grave al que se enfrentan las autoridades de Beijing desde 1997, cuando la ciudad volvió a estar bajo su control.
Lam, favorable al poder en Pekín, estuvo prácticamente desaparecida en las últimas semanas. Pero este martes reapareció e insistió en su posición de que el proyecto de ley no volverá a presentarse ante el Consejo Legislativo, el Parlamento local.
"No existe tal plan. El proyecto de ley está muerto", aseguró.
No obstante, rechazó emplear la palabra "retirada", una de las reclamaciones de los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles en las últimas semanas, que quieren sacarlo de la agenda legislativa en lugar de que expire en julio de 2020, cuando termina la próxima sesión parlamentaria.
Lam aceptó reunirse con representantes de los estudiantes contestatarios en público, sin condiciones previas, y reconoció que Hong Kong, un centro financiero internacional, se enfrenta a unos desafíos sin precedentes.
"Llegué a la conclusión de que hay problemas fundamentales, profundos, en la sociedad hongkonesa", declaró la jefa de gobierno.
Lam estaba bajo presión para nombrar a un juez independiente para presidir una comisión de investigación sobre la respuesta policial a las protestas.
Pero la jefa del ejecutivo rechazó de nuevo estas peticiones el lunes, asegurando que ya existe un organismo para investigar el uso de la fuerza por parte de la policía.
El gobierno de Beijing apoya totalmente a Lam y pidió a la policía que siga persiguiendo a los responsables del asalto al parlamento y de otros incidentes de las últimas semanas.
"El gobierno central expresa su apoyo, respeto y comprensión" a Lam, declaró en Beijing un portavoz de la diplomacia china.
Las protestas forman parte de un debate más amplio en Hong Kong entre los que ven inevitable la integración con la China continental y los que quieren conservar las libertades de las que disfruta este territorio.
