El periodista venezolano Gustavo Azócar comparece de nuevo ante la justicia por un caso de ‘difamación’ ante acusaciones que la organización Reporteros Sin Fronteras califica de “dudosas”.
Gustavo Azócar tuvo que comparecer de nuevo ante un tribunal de Táchira, en Venezuela, por un supuesto caso de difamación contra un oficial del ejército. Los hechos se remontan a la época en que el periodista trabajaba, entre otros, como corresponsal del diario El Universal.
El 12 de septiembre de 2004, Acózar publicó un artículo en el que relataba presuntos manejos irregulares en la entrega de cédulas de identidad en la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería. Entre las personas mencionadas se encuentra el coronel Rafael Ángel González, entonces coordinador de la “Misión Identidad” en el estado Táchira.
El demandante solicitó a Gustavo Azócar el derecho a réplica que, según el periodista, “siempre estuvo garantizado”. El 29 de abril de 2005 las dos partes firmaron un acuerdo de conciliación en el cual el periodista se comprometió a ofrecer el derecho a réplica y el coronel a ejercerlo en cuanto recibiera la autorización del Ministerio de la Defensa que nunca recibió.
“Conociendo los antecedentes judiciales de Gustavo Azócar y los procesos emprendidos contra él, en condiciones a veces dudosas, podemos preguntarnos si no se trata de un nuevo encarnizamiento judicial contra su persona", declaró Reporteros sin Fronteras.
El periodista sufrió múltiples presiones por su línea editorial cuando conducía su programa ‘Café con Azócar’, en el canal Televisión Regional de Táchira.
“¿Por qué el Ministerio de la Defensa no respondió favorablemente a una oferta de conciliación aprobada por el coronel González? ¿Por qué la justicia no pidió explicaciones ante la falta de respuesta?”, agregó la organización, que reclama que el principio de equidad no fue respetado totalmente.
La ley de reforma al Código Penal de 2005 endureció claramente las penas por los delitos de prensa. De ser condenado, Gustavo Azócar corre el riesgo de pagar una pena de un año de prisión efectiva, ya que el demandante ostenta un cargo público) además de una multa.
