Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera esta semana que se pronunciaría sobre la polémica ley migratoria de Arizona, algunos estados con estatutos similares pidieron el jueves aplazar las impugnaciones legales que existen contra sus propias leyes hasta conocer la decisión del máximo tribunal.
Una parte de la ley requiere que la policía, mientras hace cumplir otras leyes, pregunte por el estatus migratorio de una persona si los oficiales sospechan que está sin permiso en el país.
El gobierno del presidente Barack Obama impugnó dicha ley, con el argumento de que regular la inmigración es trabajo del gobierno federal y no de los estados. Leyes similares en Alabama, Carolina del Sur y Utah también fueron impugnadas, tanto por el gobierno federal como por grupos de activistas.
Alabama y Georgia pidieron el jueves a un tribunal federal de apelaciones que se aplazaran dictámenes sobre las demandas, previstos para comienzos del 2012. Carolina del Sur pidió que se permita que su ley entre en vigor.
"Está claro que la decisión de la Corte Suprema en el caso de Arizona será pertinente para la consideración de nuestra apelación en la corte de primer Circuito", dijo el fiscal general de Georgia Sam Olens.
Por su parte, el fiscal general de Alabama Luther Strange hizo eco de sus sentimientos y añadió su apoyo a Arizona: "Alabama ha apoyado a Arizona en su esfuerzo legal desde el principio, y Alabama seguirá apoyando enérgicamente a Arizona a medida que el caso avance a la Corte Suprema", dijo.
Sam Brooke, un abogado del Southern Poverty Law Center, que es una de las partes que impugna la ley, dijo que la reacción de la organización a las peticiones de Alabama y Georgia está dividida.
Utah no planea pedir un aplazamiento, en tanto que la oficina del fiscal general de Indiana aún sopesa solicitar una prórroga.
