La jueza federal que supervisa el caso de conspiración electoral contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este viernes que se inclinaba a aceptar reglas menos restrictivas de las que buscan los fiscales en cuanto a la divulgación pública de las pruebas del gobierno.
La jueza Tanya Chutkan rechazó una propuesta de protección más amplia de los fiscales, que buscaba evitar la difusión pública de todas las pruebas que entregan a la defensa de Trump durante los preparativos para el juicio.
En cambio, pareció dispuesta a imponer una orden de protección más limitada que prohibiría la publicación solo de materiales considerados "sensibles", como los materiales del gran jurado.
Sin embargo, bloqueó otras solicitudes de la defensa para ampliar el alcance de quiénes pueden ver las pruebas y qué debe considerarse confidencial.
El gobierno considera que la gran mayoría de las pruebas del caso son delicadas.
La propuesta de protección de los fiscales fue el primer choque temprano en el caso. Los fiscales llamaron la atención de la jueza sobre una publicación en la plataforma de redes sociales de Trump en la que dijo que "perseguiría" a quienes "van tras" de él.
Advirtieron que Trump podría compartir indebidamente información confidencial en línea que podría tener un “efecto dañino en los testigos” y acusaron a Trump de oponerse a su propuesta porque quiere poder usar las pruebas del gobierno para “tratar el caso en los medios en lugar de en la sala del tribunal”.
Los abogados de Trump, que ha criticado a los fiscales y a la jueza en las redes sociales y durante los eventos de campaña, dijeron que la orden propuesta por el gobierno iba demasiado lejos y restringiría sus derechos de libertad de expresión.
Trump, uno de los primeros candidatos en las primarias presidenciales republicanas de 2024, dice que es inocente de los cargos, incluido el de conspiración para defraudar a Estados Unidos. Ha descrito las investigaciones sobre él como motivadas políticamente.
Los fiscales dicen que están listos para entregar una cantidad sustancial de pruebas al equipo legal de Trump y que gran parte incluye información sensible y confidencial, como transcripciones del gran jurado que investigó el caso y pruebas obtenidas a través de órdenes de allanamiento selladas. Los procedimientos del gran jurado son secretos.
La presentación de los fiscales la semana pasada en busca de la orden de protección incluía una captura de pantalla de una publicación de la plataforma Truth Social de Trump ese mismo día en la que el expresidente republicano escribió, en letras mayúsculas: “Si me persigues, voy a perseguirte!”
“Si el acusado comenzara a emitir publicaciones públicas utilizando detalles, o, por ejemplo, transcripciones del gran jurado, obtenidas en descubrimientos aquí, podría tener un efecto dañino estremecedor en los testigos o afectar negativamente la justa administración de justicia en este caso”, escribieron los fiscales en su moción.
Un portavoz de Trump dijo que la publicación de Truth Social se hizo en respuesta a "grupos de intereses especiales deshonestos y Super PAC" y es "la definición de discurso político".
Los fiscales propusieron una orden de protección que prohibía a Trump y sus abogados divulgar materiales proporcionados por el gobierno a cualquier persona que no sea su equipo legal, posibles testigos, los abogados de los testigos u otras personas aprobadas por el tribunal.
También pidieron límites más estrictos sobre los "materiales sensibles", que incluirían testimonios de testigos del gran jurado y materiales obtenidos a través de órdenes de registro selladas. En esos casos, a Trump solo se le podrían mostrar los documentos, no entregarle copias de los mismos.
Mientras tanto, el equipo de Trump solicitó una orden más limitada que prohibiría la publicación solo de los materiales considerados "sensibles", como los documentos del gran jurado.
Los abogados defensores escribieron en documentos judiciales que la necesidad de proteger la información confidencial “no requiere una orden general de silencio sobre todos los documentos producidos por el gobierno”.
Los cargos podrían dar lugar a una larga pena de prisión en caso de condena, y los cargos más graves pueden llegar hasta los 20 años.
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