Alcaldes demócratas de varias grandes ciudades santuario dijeron que harán todo lo que puedan para proteger a sus vecinos de la deportación, pese a las promesas del presidente electo, Donald Trump, de retener millones de dólares de dinero de los contribuyentes si no colaboran.
Bill de Blasio, en Nueva York; Rahm Emanuel, en Chicago, y Ed Murray, en Seattle, son algunos de los regidores de "ciudades santuario" que han intentado tranquilizar a la población inmigrante preocupada por los planes de Trump.
"Seattle siempre ha sido una ciudad hospitalaria", dijo Murray el lunes. "Lo último que quiero es que empecemos a entregar a nuestros vecinos".
En Providence, Rhode Island, el alcalde Jorge Elorza, hijo de inmigrantes guatemaltecos, dijo que mantendrá la política local de no retener a personas acusadas por infracciones civiles en nombre de agentes federales de inmigración. Ras Baraka, de Newark, dijo lo mismo y añadió que la retórica de Trump sobre inmigración "da miedo".
En una entrevista con "60 Minutes" emitida el domingo, el ahora presidente electo dijo que la prioridad inmediata de su gobierno será deportar a delincuentes y asegurar la frontera, pero aún quedan preocupación y preguntas considerables sobre su estrategia ante las ciudades santuario.
El término de ciudades santuario, en general se refiere a jurisdicciones que no cooperan con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eso puede suponer, por ejemplo, que no notifican a la agencia de inmigración cuando un inmigrante sin permiso de residencia va a salir tras una detención.
Algunas ciudades como San Francisco se declararon hace tiempo como refugios seguros para los inmigrantes y emiten tarjetas de identificación locales que les dan acceso al gobierno y servicios públicos. También se ha empleado el término para ciudades que prohíben a sus empleados, incluida la policía, preguntar por la situación migratoria de una persona, con el argumento de que las víctimas de delitos y los testigos pueden ser más reacios a hablar con los investigadores si tienen miedo de ser deportados.
Unas 300 jurisdicciones tienen alguna política de santuario en Estados Unidos, indicó el Center for Immigration Studies, que también pide reducir la inmigración.
"El resultado es gente que debería ser deportada, que ha llamado la atención de la policía por un delito, es liberada de vuelta en la comunidad", dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de política en el grupo.
El principal argumento para los que piden que se persiga a las ciudades santuario es la muerte a tiros de Kate Steinle en 2015. La mujer falleció abatida en un muelle de San Francisco por disparos de un hombre que había sido deportado antes y dejado en libertad por fuerzas de seguridad locales.
