Un juez federal bloqueó el martes un aumento de los costos de los trámites de inmigración en Estados Unidos que debía entrar en vigor esta semana.
Los nuevos costos, que empezaban el viernes, aumentaban en un promedio de alrededor del 20% las tarifas actuales, dependiendo del tipo de solicitud.
Los precios incluían una tarifa de 50 dólares para las solicitudes de asilo, la primera vez que se cobraría algún dinero por ese trámite. El costo de solicitar la naturalización aumentaría de 640 dólares a 1.170.
Los solicitantes de bajos recursos hasta ahora podían acceder a ese servicio sin costo alguno, pero las nuevas reglas eliminarían ciertas categorías de elegibilidad, como demostrar una situación económica adversa.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía, la agencia que procesa visas, solicitudes de asilo, naturalizaciones y otros trámites, reportó una aguda disminución de sus ingresos a principios de este año debido a la pandemia del coronavirus y en un momento consideró despedir a más de la mitad de su personal.
A diferencia de otras agencias federales, una porción significativa del financiamiento de esta entidad se nutre de las tarifas que cobra.
El juez de distrito Jeffrey White escribió en su fallo que se basó en varios factores para bloquear el aumento de tarifas. Alegó que la administración Trump no siguió adecuadamente los procedimientos para redactar las nuevas reglas, entre ellos no considerar el impacto de costos más altos para los solicitantes de bajos ingresos.
White estuvo de acuerdo con los argumentos presentados por los demandantes, una coalición de ocho grupos sin fines de lucro que trabaja con solicitantes de inmigración de bajos recursos, quienes dijeron que los directores interinos del Departamento de Seguridad Nacional fueron elevados impropiamente a sus funciones en el momento de emitir las nuevas reglas.
Los demandantes en otros casos de inmigración federales han planteado el mismo argumento sobre Kevin McAleenan, quien fue nombrado jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional el año pasado antes de renunciar en noviembre, y Chad Wolf, quien lo sucedió, también como ocupante interino.
El gobierno alegó que los nombramientos fueron válidos. Sin embargo, el juez White determinó que la demanda “probablemente será exitosa” porque ni McAleenan ni Wolf estaban sirviendo con validez como secretarios interinos de Seguridad Nacional.
