Horas después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de restablecer el programa de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) o "Permanecer en México", el gobierno del presidente Joe Biden insiste en su desacuerdo con la medida.
“Se ha presentado una apelación a la decisión de la Corte de Distrito”, anunció la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el miércoles ante los reporteros.
Sin embargo, a tenor de lo expresado el martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Psaki aclaró: “Es un programa al que nos oponemos por principio, pero la ley nos obliga a acatar la decisión judicial”.
El programa fue restablecido a solicitud de una demanda presentada por los gobernadores de Missouri y Texas, lo que significa una vuelta atrás a las rigurosas políticas migratorias del expresidente republicano Donald Trump.
La medida obligaba a miles de solicitantes de asilo a esperar en México los veredictos sobre sus casos. Pero los críticos de esa vía denunciaban que los inmigrantes estaban obligados a permanecer en duras condiciones de vida y se les privaba de facto de sus derechos de asilo, algo contrario a las leyes estadounidenses.
“Nuestro punto de vista sigue siendo que este programa no fue establecido moralmente, fue ineficiente, desperdiciaba recursos llevando a retrasos en el sistema y es un programa al que nos oponemos, pero acatamos la decisión del tribunal”, explicó la portavoz de la administración demócrata.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió el mismo martes una declaración en desacuerdo con la decisión judicial, adelantando que apelaría la misma “y continuará impugnándola enérgicamente”, pero también dijo que seguirá obedeciendo el mandato.
“El DHS sigue comprometido con la construcción de un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano que defienda nuestras leyes y valores”, informó la agencia, quien también recordó que mantiene el Título 42 de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) por medio del cual sigue expulsando a los adultos solteros y las familias que llegan a la frontera, como medida para detener los contagios de coronavirus.