El gobierno de Venezuela tiene a mano una polémica ley que le permitirá hacer negocios con escasa transparencia para mantener a flote la producción petrolera nacional tras la revocación de la concesión a la firma Chevron por parte de la administración del presidente Donald Trump, esta semana, advierten economistas.
La Ley Antibloqueo, aprobada en 2020 por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente en respuesta a las sanciones económicas extranjeras, permite al gobierno adelantar negocios en el sector de hidrocarburos sin rendir cuentas, consultar al parlamento o publicar datos sobre esas explotaciones, incluso manteniendo en secreto la identidad de contratistas.
La estatal venezolana PDVSA, que producía más de 3 millones de barriles al día a principios de siglo, el triple de sus operaciones reportadas en enero de 2025, comenzó a operar con base en la Ley Antibloqueo inmediatamente tras su promulgación, de acuerdo con expertos independientes, como el economista Manuel Sutherland.
“Esa ley facilita procesos para que haya más oscuridad, más arbitrariedad y discrecionalidad en la asignación de contratos y menos rendición de cuentas, incluso adelantando procesos de privatización” que contradicen o suprimen artículos de otras normativas, como la Ley de Hidrocarburos, y potencialmente perjudican los bienes del Estado, comenta a la Voz de América.
Su artículo 19, por ejemplo, autoriza al gobierno venezolano a “inaplicar” leyes que no pueda aplicar debido a las sanciones y superar sus “obstáculos” o “compensar sus daños.
Su norma 37 permite “un régimen transitorio” para clasificar documentos con “contenido confidencial y secreto” a fin de proteger las decisiones del ejecutivo en estos casos.
Cualquier autoridad u órgano de la administración pública en Venezuela puede dar asimismo un “carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada” a los expedientes de operaciones que permitan contrarrestar las sanciones. La Contraloría General está obligada además a coordinar con el ejecutivo su acceso a esos archivos.
Los opositores venezolanos criticaron su promulgación, primero, por haber sido sancionada por una Constituyente convocada sin respeto a la norma constitucional ni referendo previo, según sus argumentos, y, luego, porque tampoco tendría facultades para crear leyes, sino solamente para modificar artículos de la Constitución.
Soberanía con riesgos
El gobierno venezolano criticó la decisión y lanzó un programa para alcanzar lo que llamó su “soberanía” en la industria petrolera, sin avanzar mayores detalles al respecto.
José Guerra, economista y diputado electo por la oposición venezolana en 2015, está convencido de que el gobierno tiene a mano un “basamento legal” para tratar de sustituir a Chevron en esas empresas mixtas donde compartían acciones.
“Pudiesen buscar compañías que quieran ir a Venezuela con todos los riesgos de las sanciones. No creo que sean occidentales, ni grandes”, indica Guerra a la VOA, si bien “nadie quiere exponerse a una amenaza de Trump que pudiera significar pérdida de mercado o dificultades financieras con Estados Unidos”.
Con base en la Ley Antibloqueo, el gobierno podría contratar firmas de Irán, Argelia u otras naciones de Eurasia que estén “dispuestas a correr riesgos” para mantener y explotar pozos como lo hacían no sólo Chevron, sino 3 compañías europeas cuyas operaciones en Venezuela podrían clausurarse en breve, estima Guerra.
Empresas iraníes, chinas, rusas e indias, entre otras, colaboraron desde 2019 con las autoridades venezolanas en sus negocios energéticos, según reportes oficiales y de la prensa.
Otra de las tareas que tendrán que asumir esas potenciales nuevas compañías en esa nueva fase sería la importación del diluyente necesario para procesar el crudo de la Faja del Orinoco, que lo importaba Chevron hasta la publicación de la licencia 41A.
Preocupación por corrupción
La preocupación de Guerra y de otros expertos independientes es que el marco jurídico vigente desfavorezca los niveles de transparencia de las empresas occidentales.
En el caso de Chevron, cumplía las normas de transparencia tanto en Estados Unidos como en Venezuela. “Chevron tenía operaciones regulares con dos bancos en Venezuela, pagaba a proveedores en dólares y exportaba con barcos fletados con sus propios barcos”, precisa, sin mucha fe en que ocurra de la misma manera con sociedades anónimas.
“Va a haber una corrupción fenomenal”, dice, mencionando operaciones irregulares reportadas en años recientes, como el apagado de radares de tanqueros "fantasmas", el impago de carga, trasiegos furtivos de crudo venezolano y pagos indocumentados.
En 2023, en plena vigencia de la Ley Antibloqueo, el gobierno y el Ministrio Público denunciaron una trama de corrupción en PDVSA con un daño al erario público calculado en al menos 3.000 millones de dólares y por la que se detuvieron a decenas de funcionarios.
“La ley (Antibloqueo) va a crear tierra fértil para negocios opacos, porque están en anonimato, no están obligados a reportar. Va a generar una corrupción monumental”, insiste Guerra.
Sin acceso a capital
Chevron, que producía poco más de 200.000 barriles de crudo al día en campos petroleros de Venezuela, tendrá que cerrar sus operaciones antes del 3 de abril, es decir, en 30 días a partir de la licencia general 41A publicada por el Departamento del Tesoro.
Estimaciones independientes calculan que la licencia general 41A afecta un promedio de 300.000 barriles de crudo producido por 4 empresas extranjeras en Venezuela, así como sus filiales y contratistas, es decir, cerca de 30 % de la producción total.
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Guerra acota que la Ley Antibloqueo podría dar al gobierno alternativas al nuevo statu quo de su industria petrolera, pero no solventa su falta de acceso al capital internacional. Chevron, cita como ejemplo, hacía sus propias inversiones con la licencia anterior.
“PDVSA no tiene acceso al mercado internacional”, dice. “Podrán tener nuevos socios que operen los campos, sí, pero veo altamente difícil que tengan socios que pongan capital”.
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