El número de personas detenidas por las autoridades estadounidenses en la frontera sur disminuyó un 22% en agosto, según dijo el lunes el comisionado interino de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).
En una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca, Mark Morgan, dijo que en el último mes un total de 64 mil individuos fueron detenidos por CBP; esta cifra incluye tanto a los migrantes que fueron detenidos al cruzar de manera irregular como a quienes fueron clasificados como “inadmisibles” en los puertos de entrada.
El comisionado interino atribuyó la reducción en las cifras a las últimas políticas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump para disuadir la migración e hizo énfasis en el acuerdo firmado con México que permite a EE.UU. devolver a territorio mexicano a las personas que piden asilo en el país.
“México ha tomado pasos significativos y sin precedentes para detener la migración”, dijo Morgan, quien felicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que funcionarios de ambos países se reunirán esta semana para discutir otras maneras de “continuar protegiendo la frontera”.
Morgan, también mencionó los diálogos que su gobierno ha mantenido con algunos países centroamericanos, como Guatemala y Honduras, para llegar a acuerdos que faciliten el objetivo de la administración de reducir la migración desde esos países hacia EE.UU.
“[Los países centroamericanos] se unieron a nosotros como verdaderos aliados por la primera vez”, dijo Morgan a los reporteros y añadió que estos países están viendo que el fenómeno de la migración “no es [solo] un problema nuestro”.
El pacto entre EE.UU. y Guatemala ha sido objeto de crítica del presidente electo del país, Alejandro Giammattei, quien en una reciente visita a Washington dijo desconocer lo que los gobiernos habían pactado y que su administración no colaborará con un acuerdo de ‘tercer país seguro’.
El comisionado interino respondió a la Voz de América que el pacto ya estaba “listo” pero que no ha sido ratificado por Guatemala.
Un revés para la política migratoria de Trump
Estas cifras se dan el mismo día que un juez federal en California restituyó a nivel nacional la interrupción de una nueva normativa migratoria estadounidense que pone restricciones a los solicitantes de asilo en la frontera.
El juez Distrito Norte de California, en San Francisco, Jon Tigar, dictaminó que la orden judicial que se opone a la norma de la administración de Trump, presentada el 15 de julio, debería aplicarse en todo el país.
La regla establece que la mayoría de los inmigrantes que deseen asilo en Estados Unidos primero deben solicitarlo en un tercer país por el que han viajado en camino a su destino.
Tigar ya había dictaminado en julio que el bloqueo a esta política debería aplicar para todo el país.
Sin embargo, el Noveno Tribunal de Apelaciones lo redujo a solo los estados fronterizos dentro de su jurisdicción, California y Arizona, y la envió nuevamente al juez. La decisión de este lunes es su respuesta al Tribunal.
En su fallo, subrayó la “necesidad de mantener uniforme la política de inmigración” y señaló que se desconoce en dónde terminarán viviendo los migrantes que buscan asilo una vez que entren a Estados Unidos.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se pronunció en un nota de prensa después de la resolución e indicó que “la corte reconoció el grave peligro que enfrentan quienes buscan asilo a lo largo de la frontera sur”.
Por su parte, el director legal del Centro de Derechos Constitucionales, Baher Azmy, indicó que les complace "que la corte haya reconocido la realidad en el terreno, que es que la prohibición de asilo de Trump está afectando a miles de solicitantes de asilo en toda la frontera, tal como se pretendía ilegalmente, y no solo en los puertos de entrada de California".
“Este fallo nivela el campo de juego para todas las personas y familias vulnerables que buscan refugio en los Estados Unidos", agregó Melissa Crow, abogada supervisora del proyecto Justicia Inmigrante del Centro de Leyes de la Pobreza del Sur.
