Volver a la política le tomó 20 años a Íngrid Betancourt. En ese tiempo vivió arduos procesos de transformación personal luego de estar secuestrada durante seis años y cuatro meses por las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Antes de tomar la decisión de buscar la Presidencia le consultó a su familia, pues sabía que enfrentaría de nuevo riesgos de orden público que persisten en el país. En 2002, Betancourt, de 60 años, aspiraba al mismo cargo y durante la campaña fue secuestrada cuando visitaba San Vicente del Caguán, al suroeste, donde las FARC tenían un gran dominio del territorio.
“Tengo un compromiso de velar mucho por mi seguridad y la de mis compañeros. No vamos a correr riesgos”, dijo Betancourt el miércoles en entrevista con The Associated Press. “Creo que eso es parte de la reflexión que salió del secuestro. A mí me acusaron de haber sido irresponsable, de haber querido que me secuestraran. Eso fue muy injusto, pero creo que también tiene que haber una reflexión sobre la posibilidad de resguardarse uno mismo”, agregó contundente.
La aspirante a suceder al actual mandatario, Iván Duque, estima que Colombia está preparada para transformaciones de fondo, como despenalizar la droga. Considera al narcotráfico como el núcleo del que deriva la violencia que el país todavía padece pese a que el gobierno colombiano firmó en 2016 un acuerdo de paz con las FARC luego de cinco décadas de confrontaciones.
“Sabemos cómo acabar con el narcotráfico, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos que lograr un gran acuerdo regional, le vamos a proponer a los Estados Unidos que hagamos una alianza para el progreso que tiene como eje en la despenalización o desregularización, por lo tanto, para que podamos acabar con las plusvalías que genera el negocio de la droga”, aseguró Betancourt.
Al acabar con la renta que genera el narcotráfico y que alimenta a los grupos armados en Colombia, los recursos que se dejarían de invertir para la “guerra contra las drogas que ha sido un fracaso” podrá ser usada “en estabilizar sus poblaciones con unas políticas agrícolas que les den a ellos la posibilidad de vivir en paz y seguridad”, dice la candidata.
Con respecto a nuevos procesos de paz con grupos armados activos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) -con la que el gobierno actual suspendió negociaciones desde el 2019-, Betancourt está abierta a la opción, pero con límites.
“Yo vengo de una tradición de reconciliación y de paz, pero también siento que es necesaria una gran dosis de autoridad, porque hay abuso de pensar que en Colombia siempre habrá segundas oportunidades, que lo que logró las FARC puede con más tiempo superarse y tener acuerdos con mayores ventajas... eso no va a pasar, les vamos a dar un tiempo, unas fechas, con unos marcos de negociación. No vamos a ofrecer más de lo que se les dio a las FARC”, advirtió.
A las FARC se les dio la posibilidad de ir a un tribunal de paz que a cambio de contar la verdad plena sobre los crímenes de lesa humanidad los puede exonerar de la cárcel, pero en caso de que no cumplan y sean vencidos en juicio podrían pagar hasta 20 años de prisión. También participan en política, tienen presencia en el Congreso y podrán aspirar a cargos públicos en las próximas elecciones con su partido Comunes.
Como víctima, Betancourt ha enfrentado a sus antiguos verdugos y les ha exigido reparación, verdadera “compasión” por lo que le hicieron, como atarla con cadenas a un árbol para que no escapara. “Hemos sentido que las FARC no han hecho el tránsito completo de una vida de guerrilleros a una vida de ciudadanos... creo que para ello se necesita de pronto más tiempo que ellos entiendan la gravedad de lo que sucedió y que no traten de justificar de ninguna manera los crímenes que se cometieron”, dijo Betancourt.
Aún con sus repararos a los ex FARC, Betancourt defiende el proceso de paz firmado y asegura que si llega a la Presidencia lo implementará a cabalidad, un pedido que han hecho con insistencia defensores de derechos humanos de los territorios más afectados por la violencia.
La Colombia que dejó Betancourt en el 2008 cuando fue liberada en una operación militar junto a otros 14 secuestrados, entre ellos algunos estadounidenses, no es la misma del 2022 y por eso decidió volver a intentarlo, dijo la ahora candidata.
“El proceso de paz cambió la ecuación del país. No nos podemos mirar de la misma manera. La guerra era una cortina de humo que hacía que no pudiéramos hablar de los temas fundamentales de nuestra sociedad: pobreza, desigualdad, violencia familiar e inseguridad. Todo quedaba opacado por bombas, secuestros y asesinatos”, aseguró Betancourt, quien pasó muchos años junto a su familia en Francia, donde tiene nacionalidad.
El otro cambio fundamental, dice la candidata, fue la pandemia que “acercó el sufrimiento de los que tienen y de los que no tienen. Nos volvió a humanizar”.
Betancourt militó en sus inicios en el Partido Liberal, luego fundó el Verde Oxígeno de corte progresista y ambientalista, el cual busca ahora impulsar. Sin embargo, para las presidenciales se unió con un grupo de políticos que formaron la Coalición Centro Esperanza. En marzo la coalición someterá a votación ciudadana la decisión de cuál de ellos debe aspirar a la Presidencia el 29 de mayo.
“Lo que nos une fundamentalmente es ese convencimiento de que hay que acabar con la corrupción”, explicó Betancourt, quien considera que la polarización no es el camino, en referencia a dos políticos de gran peso en el país: Gustavo Petro, de izquierda y quien lidera hasta ahora las encuestas, y Álvaro Uribe, dos veces presidente y actual padrino político del presidente Iván Duque.
“Ni la U ni la P... no creemos ni en la extrema izquierda ni la extrema derecha”, agrega en referencia a que no aspira a tener una alianza con ellos, sino a que su coalición los venza en primera vuelta presidencial.
Con respecto a Venezuela sí cree que estarían abiertas las negociaciones para intentar reanudar las relaciones diplomáticas que se rompieron en febrero de 2019 por decisión de Nicolás Maduro. “Venezuela no es un país neutro para nosotros... esta es una negociación porque nosotros obviamente respetamos la posibilidad de que cada país defina cómo quiere ser gobernado, pero no vamos a aceptar que sigan utilizando a Colombia de trampolín para hacer negocios ilícitos o para vender armas”, indicó.
Frente a otro tema espinoso en Colombia, como el aborto, Betancourt tiene una visión personal que no riñe con una colectiva: “Como católica no comparto la opción del aborto para mi cuerpo... pero mi fe y mis valores no se le pueden imponer a otra mujer, el Estado tiene que ser para todos y no solo para los que piensan como yo”.
Si la Corte Constitucional llegara a despenalizar totalmente el aborto en la discusión que lleva actualmente, Betancourt cree que el reto estará en que en el Congreso se regule y se promueva que la mujer tenga un acompañamiento psicológico y un lugar para “reflexionar” sobre sus opciones en completo anonimato: “una mujer puede abortar, puede darlo en adopción o tenerlo”.
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