La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó, este viernes, un informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre 18 de abril y 30 de mayo en Nicaragua.
El informe, fruto de una trabajo de investigación de 6 meses, señala que "hay miles de nicaragüenses exiliados para proteger a sus vidas, centenas de personas detenidas, familias que siguen luchando por justicia en relación a la muerte de sus seres queridos y una cantidad incontable de personas amenazadas".
Amerigo Incalcaterra, del grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente para Nicaragua de la CIDH, explicó que el informe se presentaría en Managua, antes de la expulsión de la organización, pero no quiso dar más detalles al respecto y señaló que el documento incluye, entre otros cosas, un análisis histórico sobre cómo reaccionaba le estado frente a la reclamación de derechos.
"Situaciones de cualquier posibilidad de críticas que han sido y son siempre atacadas, callada con violencia". También enfatizó en la importancia de los jóvenes en alzar su mano y su voz frente a la represalias.
Señaló que se dieron cuenta cómo, poco a poco, el gobierno iba entrando de una manera "dominante" e "intencional" frente a la protesta ciudadana.
En la presentación del informe, en Washington, también se resaltaron las características de las violencias y los patrones detectados. Pablo Parenti, miembro del equipo de la CIDH, dijo que ha sido un desafío importante aportar una lista de personas que perdieron la vida. No obstante, aclaró que del 18 de abril al 30 de mayo, "murieron 109 personas en el contexto de violencia".
También resaltó que se usaron armas de fuego e incluso armas de guerra en contra de manifestantes. El protagonista de la represión y que actúan en bloque es la policía nicaragüense y existe un grado la articulación entre esta y los grupos de choque.
El segundo actor, agregó, son los grupos paraestatales: "Actúan junto al estado, cumpliendo funciones que cumple el Estado. Son grupos que van desde los tradicionales grupos de choque hasta los que fueron ganando un poder lesivo de armas, mostrando también mayor grado de profesionalismo".
Después de mayo, se empiezan a aparecer personas que tienen entrenamiento militar, añadió.
Otra característica del informe fue la detención masiva de personas y el no reconocimiento de las víctimas.“El Estado no reconoció víctimas de la violencia estatal (...) Hizo muchos gestos de aval político hacia la represión”, señaló.
También, describió que se están llevando a cabo crímenes, asesinatos, encarcelamiento arbitrario y persecución. Y resaltó que "toda la violencia debe ser investigada, y todas las víctimas merecen justicia".
Por su parte, Claudia Paz y Paz, también del grupo de la CIDH, dijo que la investigación de los 109 casos tuvo graves deficiencias que "cualquier persona cercana a una investigación criminal o con sentido común notaría".
Por ejemplo, dijo, la mayoría de escenas del crimen no se procesaron, la policía o medicina legal nunca acudió a procesar la escena y practicar la autopsia.
En abril, se identificaron 41 muertos y 23 autopsias y la CIDH documentó al menos 11 casos en los que los familiares fueron obligados a firmar desistimiento. Es decir, permitir que les entregaran los cuerpos de familiares, desistiendo de la investigación de cada caso.
"El sistema de justicia, Ministerio Público y el Poder Judicial, han actuado como una pieza más del esquema de violación de los derechos humanos promoviendo la impunidad a los graves afectaciones de los derechos", señaló.
También, acuso a la policía, al señalar que es la única que decide a quién privar de la libertad.
Por su parte, Sofía Macher Batanero manifestó que "es tremendo que el propio estado niegue la muerte de tu parientes". "Hay miedo, estigmatización y negación de lo que al gente esta viviendo", agregó.
Enfatizó en que estos procesos de reparación y de atención a las víctimas no pueden ir separados de "un proceso mayor que tienen que ver con la verdad, con la justicia y garantías de no repetición. Si no se abordan de manera integral, no están en condiciones de poder superarse situaciones que vienen a la memoria".
La organización recomienda garantizar los derechos para ejercer la libertad de expresión, investigar y destituir a funcionarios que hayan participado en violaciones de derechos humanos.
También, que cualquier funcionario que llegue a Nicaragua debe investigar a los funcionarios involucrados, indica Incalcaterra, además de desarmar a los grupos armados paraestateles.
Insta a las autoridades internacionales a hacer una "investigación pronta, independiente y parcial, de los hecho entre 20 de abril y 30 de mayo, así como lo ocurrido después". Así como hacer un análisis de la situación de derechos humanos y el nivel de cumplimiento de compromisos adquiridos.
Finalmente, el informe fue entregado a las 'Madres de abril', como un acto simbólico de la entrega a las víctimas y la sociedad nicaragüense.
