No ha sido objeto de una amenaza directa, pero sabe que cuando llega la época electoral, su trabajo está más vigilado, controlado e, incluso, monitoreado. Luis, quien pidió cambiar su nombre por razones de seguridad, dijo a la Voz de América que cuando se acercan las elecciones en su país, se incrementan las agresiones y amenazas.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a medida que se acerca la jornada electoral del próximo 29 de octubre -día en el que los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles-, se han incrementado agresiones contra los periodistas.
Hasta el 20 de octubre, la organización ha documentado 40 agresiones a la prensa y ha contabilizado 80 periodistas amenazados por la cobertura de las elecciones.
“Yo no puedo decir directamente que haya sido objeto de una amenaza por parte de un grupo armado ilegal, pero, en la zona donde ejerzo, están todos los grupos armados, están tanto los legales como los ilegales, y eso genera una presión fuerte”, explicó Luis a la VOA.
“Una dinámica un poco adversa, entonces uno termina de alguna manera un poco intimidado, cuidándose mucho de la narrativa que usa para, de alguna manera, no herir a una u otra agrupación y terminar siendo objeto de una amenaza”, añadió.
El comunicador contó que, por ejemplo, en la emisora donde trabaja, en el departamento del Cauca – zona donde persiste el conflicto armado - incluso han visto personas extrañas que visitan su medio y que, seguramente, “hacen tarea de inteligencia”.
En su Alerta Temprana 030 de 2023, emitida el 22 de agosto, en la que la Defensoría del Pueblo hace un análisis sobre la afectación a poblaciones y sectores específicos, los cuales se encuentran en riesgo en el marco de las elecciones regionales, incluyó a los periodistas.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado el miércoles a garantizar la libertad de prensa durante el desarrollo de las elecciones regionales y declaró que “es propicio garantizarles el pleno ejercicio de la libertad de información a los medios de comunicación en la actual coyuntura nacional... Su actividad periodística no puede verse cercenada desde ningún punto de vista”.
Un “cóctel” de circunstancias
Adriana Hurtado Cortés, directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas en Colombia, explicó a la VOA que los periodistas en Colombia ejercen su profesión especialmente en entornos polarizados que están relacionados con los actos de violencia, como ataques tanto a civiles como a militares en zonas que son muy apartadas del país.
Además, en contextos donde investigar temas relacionados con corrupción, con control de procesos de medio ambiente, el mismo conflicto armado, los pone en mayor riesgo. Incluso, dijo que estas agresiones aumentan cuando los periodistas informan o denuncian algún acto relacionado con las hojas de vida y proyectos de los aspirantes a cargos de elección popular, que pueden llegar a estigmatizarlos.
“En la polarización entre unos u otros candidatos, entre sus seguidores, hacen que informar y ser neutral frente a cada una de esas aspiraciones no sea del gusto de quienes están participando en estas contiendas electorales”, sostuvo Cortés.
Entonces, usualmente, hay un incremento del 30 % en relación con temporadas donde no hay elecciones en el país, agregó. Y, al igual, que la FLIP, han contabilizado 40 casos de agresiones en los últimos tres meses.
Jonathan Bock, director de la FLIP, explicó a la VOA que en 17 los 32 departamentos del país, es decir, más o menos la mitad, “se incrementan estas amenazas y esto responde a que hay intereses de los grupos ilegales, también de los actores políticos, y termina confluyendo un escenario y un ambiente que es bastante tenso y que supone que los periodistas tengan que hacer su trabajo en unas condiciones que, por supuesto, no son las ideales”.
Para Luis, el incremento de las agresiones y amenazas a periodistas, en Colombia, en medio de un contexto electoral, tiene una gran relación con la ubicación geográfica, por la presencia de grupos armados ilegales “que terminan haciendo parte también de la contienda política, especialmente cuando estamos hablando de la definición de poderes locales”.
Una gran diferencia, dijo él, en las grandes urbes, pues, aunque aclaró que ningún periodista está exento de amenazas, en las ciudades se pueden “blindar un poquito más”, pues en las zonas alejadas, los amenazantes pueden estar “en el parque, en la calle” e, incluso, conocen “la rutina, saben uno a qué hora llega a la emisora, saben en dónde vive uno. Cuáles son los integrantes del equipo”.
A esto se le suma la disputa entre candidatos en la que “hay intereses políticos y económicos que generan estas competencias, disputas o conflictos fuertes que se recrudecen mucho en los territorios más apartados o municipios que quizás estén más alejados en Colombia”, agregó el periodista.
Entonces, aclaró, el profesional “está en medio de todo ese cóctel, ese escenario tan peligroso” donde informar para una comunidad, candidato o partido político puede representarle una amenaza porque “hay muchos sectores en Colombia donde los candidatos mismos terminan también teniendo nexos con grupos armados ilegales”.
![Un camarógrafo protesta el 27 de mayo de 2016 en Cali, Colombia, pidiendo la liberación de uno de sus colegas. [Foto de Archivo AFP]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-0b75-08db2108f775_w100_r1.jpg)
Las amenazas, cuenta el comunicador, generalmente llegan a través de comunicados o planfletos intimidatorios, que se envían a los teléfonos celulares, o de rumores que llegan a oídos del profesional para “amordazar su ejercicio periodístico”.
Bock también explica que son diferentes fórmulas las que se utilizan para amenazar a los periodistas y que, además, tienen un grado alto de visibilidad. Por ejemplo, contó a la VOA, un grupo en Tuluá, un municipio colombiano ubicado en la región central del departamento del Valle del Cauca, convocó a comunicadores, en un espacio virtual, para darles directrices de lo que podían o no cubrir.
Según la FLIP, septiembre se registraron 33 casos, que incluyen amenazas, agresiones, acoso judicial por parte de los candidatos, estigmatizaciones e incluso de secuestro.
¿Cómo blindarse?
Luis enfatizó a la VOA que en su país no hay suficientes garantías para ejercer la labor informativa y las medidas de seguridad que ofrecen los organismos del Estado son “muy mínimas frente a las realidades”.
Opinión que comparte Cortés, pues afirmó que “es muy complicado” garantizar la labor periodística en estos contextos, debido a que, aunque algunos periodistas tienen esquemas de protección, “esto resulta ser insuficiente cuando los ataques no solamente son físicos, sino también son estigmatizaciones, a través de redes sociales, incluyendo a servidores públicos que atacan a los medios de comunicación por las informaciones que publican”.
El vocero de la FLIP agregó que, antes la situación, “no hay una respuesta institucional contundente” y que, cada vez que hay elecciones o una coyuntura específica, “vuelven a ser los periodistas muy vulnerables ante ese tipo de ataques”.
Entonces, trabajar en medio de ello, significa, según Luis, acudir la autocensura en muchas ocasiones, cuidar la narrativa para proteger la vida y establecer parámetros que eviten situaciones de riesgo, desplazamiento o, incluso, perder la vida: “Eso es como moverse en el hilo del trapecista. Es muy, muy complejo, no hay garantía de estar vivo y podría ser garantía de morir. Es decir, son situaciones que pasan y que uno sabe que ocurren en el territorio”.
Además, en el caso de su emisora, aunque han tratado de ser ajenos al proceso electoral, han blindado de acceso de políticos a la emisora, para evitar conflictos.
En este sentido, dice la FLIP, “la ciudadanía no puede conocer de manera directa qué está pasando y se le impide tomar decisiones informadas”, debido a la autocensura.
“Cada vez que hay presiones en contra de periodistas, en elecciones sobre todo, tiene un impacto todavía más alto, porque lo que impide es que se deje de hablar o de la financiación de las campañas o de quienes están rodeando a los candidatos o quiénes son los grupos que están intentando también presionar o tener alguna incidencia en la carrera electoral”, apuntó Bock.
Las medidas del Estado
Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dijo a la VOA que el Estado tiene quizás "un programa de protección más grande que existe en el mundo" y que aunque no sea 100 % "eficiente", tiene hoy un total de 165 periodistas bajo protección, que cuentan con medidas como escoltas, vehículos, etc.
Pero, además, aclara que la postura de este gobierno frente a esa situación no es "propender ampliar los programas de protección basados en exculpación por ser armados" sino "comprender por atacar las causas que originan los riesgos".
En cuanto a la impunidad que reseñan gremios y periodistas en medio de contextos vulnerables, como los son las elecciones, Castañeda acotó que, aunque es un tema que corresponde a las autoridades judiciales, el Gobierno se encuentra en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para solucionar cierto tipos de desafíos; como la desmantelación de grupos armados, uno de los actores principales en este tipo de contextos y quienes atentan contra los periodistas y líderes y líderes sociales en Colombia.
También señaló que La Unidad Nacional de Protección ha invertido este año casi 460 millones de dólares en protección de periodistas, líderes sociales, funcionarios del Estado, entre otros actores.
Finalmente, el funcionario explicó a la VOA que el gobierno está ad portas de iniciar un proceso de concertación con otros sectores de la sociedad de una nueva política pública de prevención, protección y garantías al ejercicio del periodismo porque saben que la actual "es deficiente" que han iniciado "una campaña para comenzar a promover un ambiente mucho más sano y mucho más propicio para la libertad de prensa".
