La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) manifestó el miércoles consternación ante las situaciones de “abusos que se presentan en distintas instancias” del país, incluyendo la religiosa
En un comunicado sobre el tratamiento de abusos a niños, niñas y adolescentes y personas vulnerables por sacerdotes y agentes pastorales de la Iglesia, firmado por los arzobispos y obispos de Venezuela, se señala que las diócesis de la Iglesia católica venezolana han recibido “las denuncias que se han presentado” y han procurado “las investigaciones y los procesos según la legislación eclesial"; y "ha sancionado” a quienes se les ha comprobado que han cometido delitos.
“Los obispos ni se han opuesto ni se oponen a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos, al contrario, respetan sus decisiones y han prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos en que se han visto implicados sacerdotes y otros miembros de la Iglesia que han sido presentados para ser juzgados de acuerdo al ordenamiento legal civil”, destaca el texto.
La declaración surge más de dos semanas después de la publicación de una investigación del diario The Washington Post, que reveló que sacerdotes condenados por cargos de abuso sexual contra menores de edad no cumplieron el tiempo completo de sus penas y además se les permitió regresar al ministerio.
Mario Moronta, obispo de la ciudad de San Cristóbal y primer vicepresidente de la CEV, afirmó el miércoles en rueda de prensa que mantienen datos en confidencialidad por “respeto” a las víctimas y porque se encuentran realizando un “estudio bastante serio”.
También Moronta puntualizó que actualmente un sacerdote se encuentra en la cárcel por “abuso de menores”.
Consultado sobre el caso de un párroco que, según la investigación del Washington Post, no culminó su sentencia de por lo menos 7 años de cárcel y regresó a una iglesia en el estado de Lara, en el oeste de Venezuela, Moronta aseguró que el sacerdote fue “suspendido del ejercicio del ministerio y se le ha retomado su proceso”.
El obispo añadió que la suspensión ocurrió “a lo largo de este año”, pero no precisó si tuvo lugar tras la publicación del reportaje porque -según dijo- no le “corresponde”, pues ese tipo de información la maneja el obispo de la diócesis donde ocurrió el hecho.
“Cada diócesis, de acuerdo al planteamiento jurídico de la Iglesia es autónoma, compartimos informaciones, nos ayudamos mutuamente, pero cuando hay un caso, cualquier caso que se dé, directamente la relación es del obispo con las autoridades de El Vaticano”.
Según la CEV, los protocolos de la Iglesia católica venezolana para la prevención de abusos sexuales han sido actualizados con el propósito de crear ambientes de protección.
El primer vicepresidente de la CEV explicó que para denunciar o abordar un caso se debe acudir ante la diócesis donde haya ocurrido un “evento negativo” para su estudio.
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