Venezuela requiere de "una respuesta rotunda" de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer frente a la "compleja" emergencia humanitaria que encara, concluyó un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crítica situación del estado de salud en el país.
Al presentar el informe en una rueda de prensa, el director ejecutivo de la división para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, hizo un llamado directo al secretario general de ONU, Antonio Guterres, para que declare una situación humanitaria compleja en Venezuela, lo que activaría una serie de recursos de la ONU para intentar ayudar al país sudamericano, si sus miembros lo permiten.
"Esto ciertamente califica como una emergencia humanitaria compleja, lo cual no es mera retórica, no es una cuestión semántica, sino que corresponde a un estándar específico. En el lenguaje de la ONU, obligaría a la entrega y planificación de ayuda humanitaria para Venezuela a gran escala y debería comprometer a todas las agencias de las Naciones Unidas para abordar la situación en Venezuela".
Durante la presentación, se comparó la situación de salud de Venezuela con las de Siria y Yemen.
Procedimientos internos
El portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, no tardó en responder al informe. En su rueda de prensa diaria, respondió a la Voz de América al respecto ratificando su “profunda preocupación” por la situación humanitaria de la nación sudamericana y señalando todos los esfuerzos que han hecho en terreno.
“Todos, ya sea nosotros como otras organizaciones, estamos de acuerdo sobre la necesidad de proveer más ayuda para salvar vidas de los venezolanos. Como hemos dicho previamente en una cantidad de ocasiones, estamos profundamente preocupados por las sustanciales necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela. Hemos ido escalando nuestros esfuerzos allá, enfocándonos en nutrición, en salud y protección. Hemos aumentado nuestro personal de cerca de 190 en septiembre de 2017 hasta poco más 300 en marzo de este año. Esto nos ha permitido equipar hospitales con suministros médicos de emergencia como también generadores, proveer a las mujeres embarazadas y niños con suplementos nutricionales y vacunar más niños”.
Sobre el tema de la “emergencia humanitaria compleja”, indicó que se trataba de “procedimiento interno” que activaba cierta “movilización en todo el sistema”.
“Hemos estado construyendo capacidad, el Secretario General ha estado muy enfocado en eso, tanto en lo que ocurre dentro de Venezuela, pero también el impacto del movimiento de las personas que dejan Venezuela (…) La designación que creo que Human Rights Watch y John Hopkins piden, esa designación no pertenece al consentimiento de los gobiernos como una cuestión política”, indicó el vocero.
Las cifras
El texto, titulado "La emergencia humanitaria en Venezuela. Se requiere una respuesta a gran escala de la ONU para abordar la crisis de salud y alimentaria", responsabiliza al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por no admitir la existencia de la crisis humanitaria y la ayuda internacional ofrecida.
Se refiere también al hostigamiento y represalias contra profesionales de la salud que informan sobre la crisis.
"Los trabajadores de salud en Venezuela nos comentan que el gobierno no ha dejado diseminar los datos fuera del gobierno, y no solo eso, sino que ciertos datos están suprimidos; por ejemplo, en términos de la salud de la alimentación, donde revisamos datos que indican que hay un aumento en la malnutrición en niños, en adultos, mujeres embarazadas; algo importante… los doctores nos comentaron que hay pacientes que son hospitalizados con desnutrición y les han indicado que no pueden colocar eso en la ficha médica", señaló una de las investigadoras en rueda de prensa.
"El Gobierno está obligado a realizar todos los esfuerzos posibles para emplear los recursos a su alcance para cumplir con sus obligaciones mínimas conforme al derecho internacional y revertir el deterioro en el acceso, por parte de los venezolanos, a una alimentación y a servicios de salud adecuados", dice el informe.
El texto en el que también participaron el Centro por la Salud Humanitaria (Center for Humanitarian Health) y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights) de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, indica que la grave situación de salud está relacionada con la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela.
El colapso del sistema eléctrico que apagó al país en el último mes es señalado entre las causas del empeoramiento de la situación de salud de los venezolanos. Venezuela está en pleno enfrentamiento político desde que Maduro asumió un segundo mandato el pasado 23 de enero, considerado ilegítimo por actores políticos dentro y fuera del país.
El 23 de enero asumió como presidente encargado Juan Guaidó, que tiene el apoyo de Estados Unidos y más de 50 naciones, pero no tiene poder real ni el apoyo de los militares.
Para elaborar el informe, los expertos entrevistaron a más de 150 personas, incluyendo a profesionales de la salud y ciudadanos venezolanos que habían llegado recientemente a Colombia y Brasil para solicitar atención médica o en busca de alimentos.
También entrevistaron a representantes de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales, funcionarios de la ONU y funcionarios de los gobiernos brasileño y colombiano. Además analizaron datos aportados por fuentes oficiales, hospitales, organizaciones nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales.
"Durante el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas no solo demostraron que no tienen la capacidad para poner fin a la crisis, sino que la han exacerbado al negarla y censurar información sobre la magnitud y la urgencia de los graves problemas que enfrenta el país", dijo el texto.
El informe de 73 páginas documenta un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria, e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis.
Durante la rueda de prensa, Vivanco enfatizó en que se han presentado brotes de enfermedades desde 2017, específicamente; "también, hemos podido comprobar aumento exponencial de enfermedades infecciosas como tuberculosis y malaria que podrían ser perfectamente controladas".
La organización HRW insta a la ONU en el informe "a respetar los principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad en la provisión de asistencia", así como a "incluir una evaluación independiente de la magnitud de la crisis y que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) priorice a Venezuela en temas como la importación de alimentos, medicamentos e insumos médicos que se necesitan.
Las cifras hablan del caos
El informe explica que el sistema de salud en Venezuela está en declive desde el año 2012, pero el deterioro más drástico se reporta a partir de 2017.
Por ejemplo, desde junio de 2017 se han informado más de 9.300 casos de sarampión, de los cuales se confirmaron más de 6.200, en comparación con un solo caso reportado en 2012 y correspondiente al periodo de entre 2008 y 2015.
Se han reportado desde julio de 2016 más de 2.500 presuntos casos de difteria, incluidos más de 1.500 casos confirmados, en comparación con la ausencia de casos de esta enfermedad entre 2006 y 2015.
El informe cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de que la cantidad de casos confirmados de malaria en Venezuela ha aumentado en forma constante en los últimos años, de 36.000 en 2009 a más de 414.000 en 2017.
Los casos confirmados de malaria en Venezuela han aumentado en forma constante en los últimos años, de 36.000 en 2009 a más de 414.000 en 2017. La tuberculosis aumentó de 6.000 en 2014 a 7.800 en 2016, y en informes preliminares se indica que hubo más de 13.000 en 2017. La tasa de incidencia de la tuberculosis ha aumentado en forma constante desde 2014, y en 2017 llegó a ser de 42 cada 100.000 personas, la más alta en Venezuela en 40 años.
Crisis en la infraestructura médica
Una encuesta nacional realizada en noviembre de 2018 por Médicos por la Salud, una red de residentes que trabajan en hospitales públicos, determinó que, de los 40 hospitales de 24 estados incluidos en la encuesta, el 76 % había indicado que se interrumpieron las pruebas de laboratorio, y el 70 % informó que hubo interrupción de los servicios de radiología.
El 33 % de las camas en los hospitales no estaban disponibles para los pacientes. Muchos de los hospitales también indicaron escasez de artículos básicos para brindar atención médica: en el 67 % se habían producido cortes del servicio eléctrico, y en el 70 %, del servicio de agua. Una encuesta anterior, realizada en 104 hospitales públicos y 33 hospitales privados en todo el país, indicaba que, hasta marzo de 2018, el 88 % de los hospitales habían tenido faltantes de medicamentos, y el 79 % faltantes de insumos médico-quirúrgicos, explica el informe.
La OPS indicó en julio de 2018 que 22.000, o cerca de un tercio, de los 66.138 médicos que estaban registrados en 2014 ya se habían ido de Venezuela. Con la profundización de la crisis, muchos otros se han ido desde entonces.
Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.
"Por más que lo intenten, las autoridades venezolanas no pueden ocultar la realidad del país", expresó Shannon Doocy, PhD y profesora asociada de Salud Internacional de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, quien realizó investigaciones en la frontera de Venezuela.
"El colapso absoluto del sistema de salud de Venezuela, combinado con la escasez generalizada de alimentos, está agudizando el calvario que viven los venezolanos y poniendo a más personas en riesgo. Necesitamos del liderazgo de la ONU para contribuir a terminar con esta grave crisis y salvar vidas", indicó.
Los investigadores admiten, sin embargo, que "es imposible conocer todavía cuál es la verdadera magnitud de la crisis de salud y alimentaria en Venezuela".
"Para proteger el derecho a la salud y a la alimentación del pueblo venezolano, el secretario general de la ONU, António Guterres, debería encabezar esfuerzos para definir un plan de respuesta humanitaria integral a la situación tanto dentro como fuera del país", dijo el informe.
Mortalidad infantil
El Ministerio de Salud de Venezuela dejó de difundir datos oficiales sobre mortalidad materna e infantil en 2015. A principios de 2017, la ministra de salud publicó datos correspondientes a 2016, los cuales indican que en ese año la mortalidad infantil había aumentado un 30,1 % y la mortalidad materna un 65,8 %, expresa el informe de HRW.
Según datos de Unicef, en los últimos cinco años prácticamente se habrían duplicado las tasas de mortalidad infantil, que aumentaron un 76 %, de 14,6 muertes cada 1.000 nacimientos con vida en 2012, a 25,7 muertes cada 1.000 nacimientos con vida en 2017.
Los datos correspondientes a un hospital de un estado fronterizo en Venezuela muestran, por ejemplo, un rápido deterioro de la situación. De 2016 a 2018, las muertes de neonatos en el hospital aumentaron un 54 %, y la cantidad de muertes totales de niños y niñas pequeños se duplicó.
También estarían aumentando las tasas de mortalidad de la población venezolana en general, aunque los datos son menos recientes y previos a la crisis. Entre 2004 y 2014, la cantidad de muertes cada 100.000 personas aumentó anualmente, llegando a un aumento de casi un 20 %, de 450 a 537.
Faltan métodos anticonceptivos básicos. En los hospitales públicos no hay disponibilidad de preservativos, pastillas anticonceptivas ni dispositivos intrauterinos desde 2015. Los faltantes en farmacias han generado un mercado negro de anticonceptivos, en el cual el suministro mensual de píldoras anticonceptivas, por ejemplo, puede costar 14 veces el ingreso mínimo mensual.
Sobre el VIH
El informe de HRW advierte que es difícil estimar las tendencias recientes en la prevalencia del VIH en Venezuela, dado que ha decrecido sustancialmente la cantidad de pruebas de detección que se realizan por la falta de material para realizar las pruebas, y no se han publicado datos de seguimiento sobre nuevos diagnósticos de VIH desde 2016.
Tampoco hay estadísticas sobre mortalidad vinculada con el VIH posteriores a 2015. Sin embargo, según los últimos datos disponibles, se ha producido un fuerte aumento de las nuevas infecciones por VIH y de las muertes relacionadas con el VIH. Venezuela es el único país del mundo donde numerosas personas con VIH se han visto obligadas a suspender el tratamiento debido a la falta de disponibilidad de medicamentos antirretrovirales.
En 2016, el Ministerio de Salud de Venezuela calculó que 120.000 venezolanos vivían con VIH. En este mismo año, el Gobierno informó 6.500 nuevos casos de VIH, es decir, un aumento del 24 % respecto del 2010.
"Nueve de cada diez pacientes que sufren VIH en Venezuela no cuentan con el tratamiento adecuado; los antirretrovirales que se requieren para tratar esa enfermedad; todo esto es el resultado de prácticas y de políticas que han sido avanzadas, promovidas, por el régimen de Maduro en Venezuela", se dijo en la rueda de prensa.
Crisis de nutrición
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dejó de divulgar datos oficiales sobre nutrición en 2007. Otras fuentes citadas por HRW sugieren aumentos alarmantes en los niveles de desnutrición.
En 2018, la FAO indicó que, entre 2015 y 2017, el 11,7 % de la población venezolana -3,7 millones de personas- estaba subalimentada, comparado con menos del 5 % entre 2008 y 2013. En febrero de 2019, un vocero de la OMS confirmó que “Venezuela había sufrido efectivamente un aumento en la cantidad de personas desnutridas”, basándose en un informe conjunto elaborado por la FAO, la OPS, Unicef y el PMA.
Un indicador es el aumento de los ingresos por desnutrición. A principios de 2018, fue preocupantemente alta la proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición aguda (entre el 18 % y el 40 %, en cinco lugares distintos del país).
A mediados del pasado año, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría informó que el 72 % de los niños y niñas que acudían a servicios de urgencia en los hospitales tenían algún nivel de problemas de nutrición, producto de una dieta inadecuada.
Impacto fuera de Venezuela
El texto señala que el éxodo masivo de venezolanos, -en el entorno de más de 3,4 millones en los últimos años, según la ONU-, está desbordando los sistemas de salud de los países receptores.
En ese sentido dijo que es preciso crear e implementar un plan concertado e integral para asistir a venezolanos desplazados fuera del país, que reconozca que estos desplazamientos suelen ser por períodos prolongados.
Colombia es señalado como uno de los países más impactados por el éxodo de al menos 1,2 millones de venezolanos.
El informe dice que durante los últimos dos años, en el departamento colombiano de Norte de Santander, que limita con Venezuela, se ha experimentado un marcado aumento en los "eventos en salud pública" entre venezolanos reportados por medio de los sistemas de vigilancia: de 182 en 2015 a 5.094 en 2018.
El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública de Colombia (Sivigila) informó que entre enero y agosto de 2018 se produjeron 2.398 eventos en salud pública en pacientes extranjeros, casi el triple que durante el mismo período de 2017 (863 casos). Los eventos informados entre personas venezolanas incluyen malaria (36,8 %), violencia de género (12,6 %), desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años (6,6 %), VIH/sida (6,2 %) y tuberculosis (4 %). Los departamentos donde se informó la mayor cantidad de pacientes venezolanos fueron Norte de Santander (30,1 %), Guainía (17,2 %), La Guajira (12,8 %), Arauca (4,9 %) y Vichada (4,3 %).
En los últimos años, casi 100.000 venezolanos han huido hacia Brasil. En febrero de 2019, el gobernador de Roraima, fronterizo con Venezuela, firmó un decreto en el cual declaró que el sistema de salud pública del estado había llegado a un "estado de calamidad" debido a la creciente afluencia de venezolanos.
Mujeres vulnerables
El texto de HRW indica que en Colombia hay al menos unas 454.000 mujeres migrantes venezolanas, a la mayoría de las cuales les resulta difícil acceder a servicios de atención de la salud y enfrentan amenazas de explotación y abuso sexual, trata de personas y violaciones de los derechos sexuales y reproductivos.
"Más del 12 % de los eventos en salud pública informados en 2018 se clasificaron como casos de violencia de género, y algunas evidencias sugieren que las mujeres de comunidades indígenas están expuestas a riesgos aún mayores", dice el informe.
