Barricadas, multitudinarias manifestaciones en Santiago e incidentes en varias ciudades marcaban un llamado a paro general este martes en Chile, convocado por un centenar de organizaciones sociales para presionar al gobierno de Sebastián Piñera a que profundice en las reformas sociales.
En la jornada, el peso chileno se desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 1,57% en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis social.
A primera hora, las barricadas incendiadas impidieron el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago y una gran marcha convocó a 80.000 personas -de acuerdo a cálculos del gobierno- por la céntrica avenida Alameda.
Con bombos, banderas chilenas y de las asociaciones gremiales que adhirieron a la protesta -principalmente de entes públicos- los manifestantes se agruparon en Plaza Italia, epicentro de las protestas que mantienen en vilo al país desde hace más de tres semanas.
Luego marcharon varias cuadras hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pasando frente a la casa de gobierno, donde al final de la manifestación, se registraron enfrentamientos con la policía.
"El descontento es por muchos temas (...) Todo lo que ha ofrecido el presidente es insuficiente, una burla", dice Karen Delgado, una oficinista de 29 años, en medio de la marcha.
"Le pido al presidente escuchar lo que pedimos y deje de dilatar con estas medidas parche. No escucha a la gente", agrega.
En la ciudad de Concepción (sur), manifestantes incendiaron la sede de la gobernación regional y se enfrentaron con la policía, mientras varias tiendas fueron saqueadas en el balneario de Viña del Mar y el turístico puerto de Valparaíso, en el centro del país.
Después de ser dispersados del centro de Santiago, miles de personas volvieron a congregarse en la plaza Italia de Santiago, rebautizada como "plaza de la Dignidad" por los manifestantes, en cuyas inmediaciones hubo saqueos a comercios.
El llamado a huelga general se produce a más de tres semanas de que estallaran las primeras protestas sociales, convocada por la llamada "Mesa Social", que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de empleados fiscales, profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
La Confederación Nacional del Cobre, que agrupa a trabajadores tercerizados de la minería, también se unió al llamado, pero la empresa estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, operaba con normalidad. Chile es el principal productor mundial del metal con casi un tercio de la oferta global, equivalente a unos 5,6 millones de toneladas producidas al año.
Las escuelas públicas adhirieron a la paralización y gran parte de los privados también, algunos por razones de seguridad. La mayoría de las universidades no tiene actividades desde que estallaron las movilizaciones.
En los sectores privados, los llamados de la Central Unitaria de Trabajadores -la mayor multisindical del país- tienen un escaso apoyo, en un país con bajo nivel de sindicalización.
Giro presidencial
La pulseada llega luego que el presidente Piñera dio un giro al anunciar el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque no con una Asamblea Constituyente –como piden los manifestantes y que contemplaría una participación más amplia de la ciudadanía– sino a partir de un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen.
"El camino al diálogo está abierto, siempre el Gobierno lo ha dicho, todos los actores queremos trabajar sobre la base de construir un país en base al diálogo. El Presidente ya habló de nueva Constitución y esa es una señal clara que debiera evitar generar estos cuadros de violencia", dijo el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, al entregar un balance de la jornada.
En una declaración pública la tarde de este martes, 14 partidos de oposición exigieron la realización de una Asamblea Constituyente.
"La propuesta de un Congreso Constituyente por parte del gobierno se aleja de la demanda popular por participación y deliberación", dijeron en el texto el Partido Socialista, el Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, además de agrupaciones de la izquierda radical.
En un intento por aunar posiciones, el mandatario se reunió con los expresidentes Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) y habló por teléfono con la exmandataria socialista Michelle Bachelet, actual alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales, y cerró un acuerdo para aprobar el Presupuesto de 2020, incluyendo algunas concesiones sociales.
Pero los gremios exigen reformas más profundas al sistema de pensiones –heredado también de la dictadura- y que entrega pensiones menores al salario mínimo (420 dólares). También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende casi el 80% de la población chilena, y aumentar el salario mínimo.
