El Consejo Legislativo de Hong Kong suspendió sus reuniones del jueves tras los violentos enfrentamientos de la víspera entre policías y manifestantes contrarios a una reforma legal que permitiría enviar a sospechosos a la China continental para ser juzgados. Los contrarios creen que esta medida reforzaría el control de Beijing sobre el territorio.
Los acontecimientos en la antigua colonia británica constituyen posiblemente su mayor crisis política desde que fue entregada al gobierno chino en 1997, y suponen un profundo desafío al presidente chino, Xi Jinping.
Hace casi dos años, Xi pronunció un contundente discurso en la ciudad afirmando que Beijing no tolerará que Hong Kong se convierta en una base para lo que el gobernante Partido Comunista considera una campaña inspirada en el extranjero para socavar su poder sobre la vasta nación de 1.400 millones de habitantes.
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Sin embargo, pocos de los manifestantes, en su mayoría jóvenes y bien organizados, parecen haberse amedrentado por las amenazas, aunque tomaron medidas para mantener el anonimato cubriéndose con máscaras, declinando dar su nombre completo a reporteros y utilizando dinero en efectivo en lugar de tarjetas para acceder al metro.
Las manifestaciones se produjeron días después del 30mo aniversario de la sangrienta represión de China contra protestas prodemocracia lideradas por estudiantes, que se centraron en la Plaza de Tiananmen, el 4 de junio de 1989. Hong Kong celebró una de sus mayores concentraciones de los últimos años para recordar a los cientos, o posiblemente miles, de manifestantes muertos en el asalto militar y para pedir una investigación completa sobre lo ocurrido, lo que fue visto como un desafío más contra Beijing.
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El gobierno de Xi también enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos que ha puesto en duda su modelo económico basado en las exportaciones, amenazando de forma potencial su relación con la clase media urbana, que ha aceptado los estrictos controles políticos a cambio de un mejor del nivel de vida. Como uno de los centros financieros más importantes del mundo, Hong Kong también soporta el continuado impasse, que se suma a la frustración de los jóvenes por los salarios estancados y el desorbitado precio de la vivienda.
Las intensas lluvias del jueves por la mañana impidieron nuevas movilizaciones luego de las del miércoles, que sitiaron la sede del gobierno y del Consejo Legislativo en el día en que se debatía la reforma de la ley de extradición. Más de 70 personas resultaron heridas.
Por otra parte, la aplicación de mensajería cifrada Telegram dijo el jueves que sufrió un potente ciberataque desde China. El incidente ralentizó la conectividad del servicio pero no expuso los datos de los usuarios. El director general de la firma, Pavel Durov, tuiteó que la mayoría de los ciberpiratas tenía una dirección IP de China.
La policía mantenía una fuerte presencia en las inmediaciones del complejo gubernamental el jueves mientras los manifestantes trataban mantener la presión bloqueando las puertas del metro y conduciendo despacio en las principales avenidas. Con su vestimenta negra, el uso de las redes sociales y de organización amorfa, los disconformes parecían repetir las tácticas empleadas por activistas de izquierdas en Europa y Estados Unidos conocidos como “Black Bloc”, que ganaron relevancia en protestas antiglobalización y anticapitalismo como las que rodearon la cumbre de G20 en Hamburgo.
La directora general del gobierno hongkonés, Carrie Lam, calificó los actos del miércoles de “violentos” y apuntó que eran “intolerables en cualquier sociedad civilizada que respete el Estado de derecho”. Esta designación podría incrementar sustancialmente las sanciones legales para los arrestados por participar.
Beijing condenó las protestas, pero hasta el momento no indicó si estaba planeando medidas más duras. En movilizaciones anteriores, las autoridades esperaron meses o incluso años para detener a los líderes de las protestas.
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