El retraso en la entrada del centro penal a los bomberos, por parte de los guardias, y supuestos disparos realizados en el momento del incidente, son dos de las interrogantes que se tendrán que responder sobre el incendio en la cárcel de Comayagua en Honduras. En el hecho murieron más de 300 reos calcinados o asfixiados en el interior de sus celdas.
"Aguardamos unos 30 minutos afuera del centro penal, mientras escuchamos disparos. Luego, los guardias nos permitieron el ingreso y comenzamos a apagar las llamas", dijo el miércoles a The Associated Press, el jefe de los bomberos de Comayagua, Leonel Silva.
Aparentemente los guardias pensaron que se trataba de una fuga masiva e impidieron durante media hora combatir el incendio que un recluso causó intencionalmente.
Los vigilantes adujeron que cumplían con el protocolo de seguridad en los penales. "Llegamos diez minutos después de que comenzó el incendio en la cárcel, pero no entramos de inmediato porque los guardias lo impidieron", agregó Silva al dar declaraciones a la agencia AP.
Según el director de los centros penales, Danilo Orellana, "los guardias creyeron en un principio que se trataba de una fuga masiva de reos, por eso cumplieron la ley y no permitieron el ingreso de nadie a la cárcel para evitar muertes innecesarias".
Los prisioneros murieron calcinados o asfixiados por los gases provocados por las llamas en el interior de sus celdas, que estaban aseguradas con llave en el recinto penitenciario de Comayagua, ciudad ubicada a unos 140 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde sucedió el trágico incendio.
Familiares de los reos merodeaban por hospitales y la granja penal tratando de averiguar la suerte que habría tenido algún encarcelado.
El secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, instruyó este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el envío de una delegación a Honduras para investigar el incendio.
Insulza manifestó en un comunicado su "consternación" ante "los dramáticos hechos" en la cárcel.
El secretario general pidió a la CIDH, el ente de la OEA que vela por los derechos humanos, que envíe la delegación "para que se realice una investigación de los sucesos que desembocaron en la tragedia carcelaria, y presente sobre ello un informe exhaustivo al gobierno hondureño y a la Organización hemisférica", explicó el comunicado.
La prensa hondureña dio a conocer que el presidente de este país centroamericano, Porfirio Lobo, anunció este miércoles la separación temporal de las autoridades penitenciarias para garantizar una investigación eficaz de las causas del incidente.
Lobo sustituyó al director de Centros Penales, Danilo Orellana, por el subdirector, Abraham Figueroa, quien en declaraciones advirtió de la situación precaria en las 24 cárceles del país, que albergan a unos 13.000 reos, cuando la capacidad máxima es de menos de 8.000 personas.
