Un grupo de líderes políticos estadounidenses analiza la decisión de revocar la visa a centenares de hondureños que participaron en el derrocamiento de Manuel Zelaya en junio de 2009.
Los líderes políticos analizan lo que ocurrió durante el golpe de estado y los efectos que le siguieron al hecho.
El congresista Connie Mack dijo que las injerencias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en los temas internos de Honduras motivaron al ex mandatario hondureño Manuel Zelaya a buscar una reelección permanente, lo que provocó que "Zelaya fuera legalmente removido de su cargo como presidente".
"Zelaya intentaba ser presidente de Honduras de por vida. El referendo de Zelaya era ilegal e inconstitucional", dijo Mack, quien agregó que "el 28 de junio (de 2009), la Corte Suprema hondureña aprobó una orden de restricción para Zelaya y fue legalmente removido de su cargo como presidente. Zelaya fue puesto fuera del país por su propia seguridad".
El ex presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, también fue invitado a participar de la audiencia del Congreso estadounidense, pero no pudo viajar debido a la revocación de su visa por parte del Departamento de Estado de EE.UU., aunque estuvo presente desde Honduras por medio de una señal de video en vivo.
Micheletti aseguró que su gobierno temporal logró las elecciones del 29 de noviembre de 2009, cuando "elegimos a nuestro presidente", pero que estas elecciones no fueron "apoyadas por ningún organismo internacional ni por el gobierno de Estados Unidos. Fue nuestro gobierno el que se empeñó a buscar una solución a la crisis".
El ex presidente de facto también aprovechó la ocasión para "denunciar públicamente" supuestas represalias de la embajada estadounidense en su país, contra su familia y su gobierno.
"William Micheletti, es un empresario que nada tuvo que ver con el supuesto golpe de Estado de junio de 2009. Pero cuando se entrevistó en la embajada le negaron la visa y le dijeron que era para presionarme, para que renunciara al poder y se lo entregara a Zelaya", dijo Micheletti, notablmente molesto.
Mientras un grupo de congresistas sostiene que las acciones militares que removieron del cargo a Zelaya fueron legales y un esfuerzo por defender la democracia del país, otros sostuvieron que la democracia no se defiende expulsando por la fuerza a un mandatario elegido democráticamente.
