El mandatario designado Roberto Micheletti informó que el sábado podrían reanudarse las conversaciones entre sus negociadores y los del presidente derrocado Manuel Zelaya en un esfuerzo por buscar una salida pacífica a la crisis política que enfrenta Honduras.
El gobierno también dijo el lunes que analizaría perdonar los delitos políticos presuntamente cometidos por Zelaya, pero no los de carácter penal.
"Estamos listos para otra convocatoria del mediador en el problema (el presidente (costarricense Oscar Arias)", dijo Micheletti el lunes en rueda de prensa, tras juramentar en su despacho a Carlos López Contreras como nuevo canciller, que reemplazó a Enrique Ortez.
No especificó si en las pláticas estarían sólo los negociadores de ambos bandos y si participarían él y Zelaya. la primera ronda de la semana pasada concluyó sin resultados concretos y las partes mantuvieron posiciones diferentes sobre el posible retorno al poder de Zelaya, el punto central del diálogo
Sobre algún perdón al gobernante derrocado el ministro de información, René Zepeda, dijo a la AP que "una amnistía de tipo político quizás la podría aprobar el Congreso para beneficiar a Zelaya", pero señaló que el mandatario derrocado "enfrenta otros cargos penales, a los que no corresponde un perdón".
Indicó que "el gobierno del presidente Micheletti no contempla ningún perdón por delitos comunes a favor del señor Zelaya. Eso está en la esfera de la justicia, a la que el nuevo mandatario no puede penetrar".
Hizo alusión así a que la fiscalía encausó el 25 de junio a Zelaya por cuatro delitos: atentar contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpar funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras.
"Atentar contra la forma de gobierno y traición a la patria son delitos políticos", dijo a la AP la portavoz de la fiscalía, Lorena Cálix. "Sin embargo, los otros dos no tienen esa modalidad, son penales".
Según la acusación, Zelaya intentó reemplazar el actual gobierno representativo y democrático hondureño por otro sistema político que no especificó, aunque él siempre elogió lo que llamó "el socialismo del siglo XXI", impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez.
Para la fiscalía, Zelaya traicionó a la patria cuando convocó a una "consulta popular" para convocar una Constituyente que reformara la ley fundamental, que puede ser modificada con excepción de siete artículos sobre sistema político, soberanía de territorio y reelección, entre otros.
La pena por cambiar el sistema político hondureño oscila de 6 a 12 años en prisión y por traición de 15 a 20.
