La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió la semana pasada otorgar medidas de protección a cinco operadores de justicia en Guatemala: la Jueza Ericka Lorena Aifán y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández.
La resolución indica que estas personas estarían enfrentando amenazas a sus derechos, presiones y represalias derivadas de sus resoluciones. Para el analista independiente Julio Rivera esta medida puede ser tomada por todo guatemalteco.
"Cualquier guatemalteco que se siente amenazado u hostigado tiene el derecho de presentar su denuncia al Ministerio Público o en su defecto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente cuando se es funcionario del nivel de los magistrados de la CC y de la propia jueza Aifán", dijo Rivera a la Voz de América.
Hasta el momento, ni la jueza ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se han pronunciado. A través del personal de comunicación, los magistrados únicamente indicaron que están a la espera que se acate la resolución.
Julio Rivera explica el procedimiento que debe seguirse y que pasa a manos del ministerio de gobernación.
"El ministerio de gobernación, lo que hace es recibir esa orden de la CIDH y ordenar a la dirección de protección de personal que, efectivamente, cumplan con esa orden y darles la seguridad necesaria", aseguró.
El portavoz del ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, indicó que no han sido notificados de la resolución, pero cuando así sea se tomarán los procedimientos correspondientes.
