Andrei González, uno de los exfiscales que manejaba casos de alto impacto de corrupción en Guatemala denunció el lunes ante el Ministerio Público a la Fiscal General y jefa de ese organismo, Consuelo Porras, por abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción a la justicia por supuestas interferencias en su trabajo, informó la agencia AP.
González también anunció que tras las denuncias presentadas teme por su vida y la de su familia, por lo que ha decidido exiliarse y abandonar del país, pero no indicó hacia donde se ha ido.
González se desempeñó durante dos años como agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que pertenece al Ministerio Público.
A su cargo estuvo, por ejemplo, la acusación de financiamiento electoral ilícito contra la ex primera dama y excandidata presidencial Sandra Torres, presa por este hecho, así como casos en los que se acusa a empresarios de haber recibido devolución fiscal sin que les correspondiera.
Según la denuncia del exfiscal, Porras y su secretario de política criminal, Julio César Cordón, habrían retrasado de forma maliciosa la acusación contra Torres, lo que le dio ventaja para obtener inmunidad y retrasó la investigación en su contra, así como acciones judiciales que al final le permitieron participar en la contienda electoral, la cual perdió frente a Alejandro Giammattei.
La fiscal general dijo en un comunicado de prensa que “rechaza públicamente las falsas acusaciones” del exfiscal y atribuyó las denuncias en su contra a que González no ascendió de cargo y se negó a darle seguridad cuando éste renunció a su trabajo. González había informado que era objeto de amenazas y persecución.
González dijo en su denuncia que por más de cinco meses la fiscal general habría detenido las acciones judiciales como allanamientos y órdenes de aprehensión, que por jerarquía institucional requieren de su autorización para realizarse.
Además alegó que Porras habría ordenado no solicitar acciones judiciales contra Orlando Blanco Lapola, diputado y jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido por el que se postulaba Torres, a quién González había investigado por financiamiento electoral ilícito del partido.
“Considero que existen indicios que deben ser investigados y que permitirán establecer la comisión de actos delictivos (de Porras y Cordón)... por abusar de su cargo para desviar, impedir y obstruir la justicia en favor de Sandra Julieta Torres y de Orlando Blanco Lapola”.
(Con información de AP y El Periódico)
