La fiscalía guatemalteca allanó el lunes la vivienda de los padres de Juan Francisco Sandoval, un exfiscal galardonado por su lucha contra la corrupción y que se exilió hace dos años tras denunciar una persecución política y judicial, y procedió al arresto de su abogada y ex titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudio González.
Este mediodía se confirmó, la captura de la abogada que representa a varios de los fiscales encausados por el Ministerio Público, tanto que permanecen detenidos en el país -como la fiscal Virginia Laparra- así como otros que están en el extranjero en calidad de asilados, especialmente en Estados Unidos.
En declaraciones a la prensa en su llegada a los tribunales, esposada y bajo custodia, González dijo que le sorprendía su arresto, porque “soy abogada y este es mi trabajo”, y mencionó a algunos de los exfuncionarios de justicia que representa.
“Lamento mucho que el Ministerio Público esté con esto (…) como ya vimos es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, espero que el fiscal Noé Rivera tenga muy bien preparados los argumentos y espero que los medios me acompañen para que vean que esta acusación es totalmente falsa”, dijo la abogada antes de ser fichada.
Las reacciones por la captura de la penalista no se han hecho esperar, Amnistía Internacional expresó su condena “enérgicamente” y exigió a las autoridades del país “garantizar sus derechos”.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha dicho que acciones como las emprendidas por el Ministerio Público dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, hacen “perder credibilidad en la justicia y su funcionamiento”.
El titular del organismo hemisférico con sede en Washington dijo que “condena el allanamiento” y ha pedido “respetar las instituciones”; asimismo, hizo un llamado a los fiscales a “respetar las instituciones y guiarse” por los preceptos fundamentales del Estado de derecho.
Mientras transcurría el allanamiento Sandoval informó en sus redes sociales el allanamiento en la casa de sus padres y dijo que habían sido amedrentados. Pero en una comunicación la Fiscalía General, a cargo de Consuelo Porras, sostuvo que “las diligencias se encuentran en desarrollo, en cuanto concluyan se estará ampliando la información” y agregó que en las residencias allanadas se hallaron armas de fuego y dinero en efectivo.
Sandoval dijo que se trata de una venganza por haber investigado a la magistrada Blanca Stalling, acusada de haberle pedido a un juez beneficios para su hijo que estaba en la mira de la justicia por corrupción. Stalling aceptó los cargos y dijo que “como madre podía hacer peticiones”.
El juez Carlos Ruano denunció a Stalling por abuso de autoridad. La CICIG y la fiscalía que dirigía Sandoval estuvieron a cargo de investigar a la jueza, que fue capturada cuando intentaba huir disfrazada y con un arma de fuego. A pesar de llegar a juicio, Stalling fue finalmente absuelta. El gobierno de Estados Unidos la sancionó por corrupción y le vetó a ella y a su familia el ingreso a su territorio.
Las órdenes para los allanamientos del lunes fueron firmadas por el juez Jimi Bremer. Porras y Bremer también fueron sancionados por el gobierno estadounidense: Porras por obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia y Bremer por autorizar resoluciones judiciales con motivos políticos.
[Parte de la noticia proviene de AP]
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