Al menos 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2023 en Colombia a consecuencia de los enfrentamientos de grupos armados ilegales, lo que representa un aumento del 7 %, según el informe anual de la Defensoría del Pueblo. Otros reportes como el Registro Único de Víctimas (RUV) muestran una disminución del 43 %.
En ese orden, aunque el panorama sigue siendo complejo, el país ha experimentado una disminución en cuanto a hechos relacionados con desplazamientos y confinamientos masivos, señalaron expertos consultados por la Voz de América.
“Vemos que hay una disminución del desplazamiento forzado en Colombia durante el 2023 de un 43 % si lo comparamos con el año inmediatamente anterior del 2022”, dijo a la VOA, Mauricio Valencia, investigador nacional de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en referencia a las cifras incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) que documentó 164.000 casos de desplazamiento forzado en 2023 frente a 291.000 casos registrados en 2022.
Las regiones más impactadas por esta situación se encuentran en el Pacífico colombiano, el noroeste del país y en algunas regiones fronterizas con Venezuela.
Valencia señala que “el desplazamiento forzado es un flagelo que se sigue acentuando en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño” donde ciudades y municipios como “Buenaventura, Tumaco, Argelia, Ricaurte y Magüí Payán concentran un total del 26 % del desplazamiento forzado durante el 2023”.
A pesar de los indicadores de violencia que representan un aumento o disminución en este tipo de hechos, el desplazamiento y confinamiento, se debe en gran parte en gran medida a enfrentamientos entre grupos armados no estatales por el cambio en las “dinámicas” de la violencia en esos territorios, destacó a la Voz de América, el docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, Eduardo Bechara.
“Los enfrentamientos entre estos actores armados tienen cada vez un matiz regional, y en ese orden de ideas hay una multiplicidad de actores armados que tiene unos intereses en esas zonas y en ocasiones estos grupos hacen acuerdos y deciden no enfrentarse y en otras no se alcanza acuerdos y se enfrentan entre ellos y bajo estas circunstancias las comunidades quedan en el medio de este conflicto”, precisó.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la principal causa de más del 50 % de los desplazamientos forzados, determinó la Defensoría.
“Las acciones violentas de los grupos armados ilegales en los territorios que afectan a las comunidades, como la expansión de cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, amenazas a líderes sociales y defensores derechos humanos y homicidios de firmantes de paz”, denunció el defensor del Pueblo Carlos Camargo.
Al menos el 50 % de las víctimas de desplazamientos masivos y confinamientos son comunidades indígenas, el 30 % comunidades étnicas afrodescendientes, y el 20 % restante población campesina.
Para la Defensoría se presentaron 154 casos, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 hechos.
En ese sentido, para Valencia, los cálculos que muestran un aumento o disminución en las cifras de desplazamiento obedece a la metodología que se “usan para hacer seguimiento” tanto la Defensoría como otras organizaciones estatales, puesto que algunas “cuentan” los eventos y otras hacen seguimiento al “número de desplazamientos por persona”.
“Puede haber una variación muy grande en la metodología que se usa en una y otra entidad, por ejemplo en las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), se reportó unas cifras de 291.000 personas víctimas de desplazamiento en 2022 y en 2023 documentó 164.000, eso representa una disminución del 43 % en 2023”, concluyó.
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