El gobierno de Grecia pospuso hasta mañana miércoles 8 de febrero la aprobación de nuevas medidas de austeridad demandadas por la denominada “troika” para desbloquear una ayuda financiera que evitaría la quiebra del país.
Las medidas, reclamadas por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a cambio de un segundo plan de rescate de 130.000 millones de euros, han sido recibidas con indignación por los trabajadores griegos.
A pesar del frío y de la lluvia, miles de huelguistas se dieron cita este martes frente al Parlamento en Atenas portando carteles con consignas como “no a los despidos” y "no a la reducción del salario mínimo".
Los dos principales sindicatos del país convocaron a una huelga general que afectó a ministerios, bancos, escuelas, hospitales y también al servicio portuario y de trenes. Los controladores aéreos no tomaron parte en el paro.
Entre las medidas de austeridad exigidas al gobierno griego, figuran la reducción del salario mínimo, nuevos recortes en las pensiones por jubilación y el despido de 15.000 funcionarios públicos.
Las exigencias han puesto contra la pared al primer ministro, Lucas Papademos, quien lleva a cabo negociaciones “críticas” con su gabinete, puesto que los líderes de los tres partidos que integran el gobierno están reticentes a aceptarlas.
Ya el país recibió un primer plan de rescate ascendente a 110.000 millones de euros, pero el mes próximo debe pagar un vencimiento de la deuda equivalente a 14.500 millones de euros y no podrá hacerlo sin ayuda exterior.
La aprobación del programa de austeridad va aparejada a un acuerdo con los acreedores privados del país, que permitiría que estos acepten reducir hasta el 70 por ciento lo que Grecia les debe.
