Representantes del gobierno interino de Venezuela solicitaron formalmente este martes a la fiscalía colombiana abrir una investigación por el presunto desvío de fondos destinados a la atención de los militares venezolanos refugiados en Cúcuta.
El embajador del gobierno de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, en rueda de prensa desde la sede de la fiscalía, detalló que se entrevistó con el fiscal Fabio Espitia Garzó, quien giró instrucciones a sus colaboradores para que efectuaran las investigaciones del caso, y señaló estar seguro que el caso llegará hasta sus últimas consecuencias.
El viernes 14 de junio, el portal de noticias PanamPost denunció que los dos encargados de supervisar la estadía de los militares venezolanos que huyeron a Cúcuta desde el pasado 23 de febrero, cuando la oposición intentó hacer ingresar la ayuda humanitaria allí almacenada, habrían desviado hasta unos 90.000 dólares, destinados a atender entre 100 y 140 exmilitares.
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“Lamentablemente en mi país se han acostumbrado después de 20 años de régimen dictatorial, a hacer caso omiso a los hechos protuberantes de corrupción que han ocurrido. Nosotros no podemos permitir esto. Nuestro mensaje al país es que somos distintos, somos diferentes. Vamos a actuar con absoluta transparencia”, explicó el diplomático.
Los sospechosos señalados por la publicación son Rossana Barrera y Kevin Rojas, pertenecen ambos al partido de Guaidó, Voluntad Popular, y Barrera es cuñada de otro diputado cercano al líder opositor.
Si bien no confirmó los nombres en la denuncia del portal web, sí señaló que se trataría de dos personas inicialmente. “Posiblemente saldrán algunas personas en la investigación”, agregó.
“Esto ha sido hecho de una manera muy seria, muy responsable. Sin ensañamiento contra nadie, que no es lo que se pretende. Si no, dar testimonio de que el gobierno del presidente (encargado Juan) Guaidó y sus colaboradores estamos comprometidos a defender la transparencia y que nuestra gestión de gobierno esté totalmente ajustada a las normas de ética y moral a las cuáles estamos obligados”.
El embajador detalló que la investigación administrativa que entregó a las autoridades comenzó hace aproximadamente dos meses y medio cuando la embajada recibió una alerta de los mismo afectados.
Entre las acciones realizadas por los implicados para desviar los fondos, detalló el diplomático, hay facturas adulteradas, relaciones de gatos sin comprobantes y la malversación de algunos recursos.
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Calderón enfatizó lo que Guaidó ya señaló a la prensa el día anterior: los fondos en cuestión son recaudaciones privadas. No se trataría ni fondos del Estado ni de lo recolectado para la ayuda humanitaria.
Por su parte, el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, indicó que, si bien Barrera y Rojas son los "autores materiales del hecho, Guaidó es el autor intelectual”.
A pesar de que las acciones ocurrieron en Colombia, Saab aseguró que al ser estas personas designadas desde Venezuela, le corresponde a su jurisdicción investigar, "tanto la procedencia del dinero como su utilización”, indicó.
Aclaratoria sobre la ayuda humanitaria
Precisamente para despejar la duda sobre la ayuda humanitaria recaudada los últimos meses, el diputado Lester Toledo, coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad, también ofreció una rueda de prensa en Bogotá.
Toledo explicó que su coalición fue creada hace meses para “buscar en todo el mundo ayuda precisamente porque somos víctimas los venezolanos de la emergencia humanitaria compleja más devastadora que haya visto la región”.
Recordó que, según la Encuesta Nacional de Hospitales, 1.557 venezolanos han muerto por falta de insumos médicos en Venezuela los últimos tres meses.
Detalló que en el centro de acopio de Cúcuta siguen las casis 300 toneladas de ayuda donadas directamente por distintos países en especies, es decir, en insumos médicos, complementos nutricionales, etc.
En el caso de los tres millones de dólares recolectados gracias al concierto de Venezuela Live Aid realizado en Cúcuta a mediados de febrero, recordó que están siendo canalizados por ellos mismos a través ONGs y que los organizadores certificaron que el gobierno interino no está involucrado con ello.
Toledo también se refirió a la cuenta creada por la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Fondo Humanitario para la Crisis de Venezuela, para recibir donaciones en efectivo. El gobierno interino le solicitó formalmente una certificación a la OEA de que hasta el momento no ha ingresado ningún dinero al fondo ni ninguno de sus funcionarios la ha manejado.
"Ni el gobierno interino, ni la coalición de ayuda y libertad ha recibido un dólar de ningún gobierno del mundo ni de este concierto", afirmó.
A pesar de estas ayudas internacionales, el parlamentario resaltó ya han logrado ingresar a la nación sudamericana unas 814 toneladas de ayuda humanitaria gracias a la iniciativa privada de la diáspora venezolana de ONG a ONG.
Sobre la denuncia de los recursos para atender militares y la ayuda humanitaria, el parlamentario ratificó que “son dos proyectos que no tiene absolutamente nada que ver”. Calificó de “irresponsable” mezclar ambas cosas.
Indicó que, si se demostrara la participación de algún funcionario, “lo primero que va pedir esta coalición es cárcel para los corruptos”. Pero si por otro lado la investigación que lleva la fiscalía colombiana diera de que son falsas, “yo espero que también paguen los responsables de inventar y poner en el escarnio público el esfuerzo que ha hecho el gobierno interno del presidente (encargado) Juan Guaidó”.
