El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, oficializó que este año se discutirá la reforma a la Ley Electoral, como parte de las “profundas” modificaciones al sistema político del país.
“Estamos hablando [de] que [una] reforma electoral significa reformar la Ley 331, que es la Ley Electoral. Esta reforma habíamos dicho que es el fortalecimiento del voto popular, el fortalecimiento de partidos políticos que es el sistema democrático que tenemos en Nicaragua y la organización electoral”, dijo el parlamentario a medios oficiales.
Los diputados sandinistas dejaron claro que en la discusión de la reforma electoral no será incluida la oposición, la que no ha logrado consolidarse y que está organizada en dos bloques, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que está integrada por diversas organizaciones sociales del país.
Hasta la fecha ninguna de las dos entidades ha logrado acercamientos significativos con los partidos políticos, por lo que el diputado sandinista Wilfredo Navarro, descartó que sean tomados en cuenta para el debate de reforma.
“Aquí no vamos a traer a lesbianas a gays para que hablen de cuestión de elecciones, porque andan un montón de grupos ahí enredados. Creen que pueden ser sujetos de la cuestión electoral”, manifestó Navarro.
La decisión de los parlamentarios ha sido fuertemente criticada por la oposición, que señala que el gobierno busca una reforma electoral a conveniencia.
Directivos de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional advirtieron a los partidos políticos con personería jurídica que no acepten sentarse con el gobierno en una negociación que deje fuera a los sectores que lideran la resistencia ciudadana desde abril del 2018.
Juan Sebastian Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, señaló que: "No podemos esperar buenas reformas de una dictadura que siempre ha mentido, que siempre ha incumplido y lo que quiere simplemente es hacer reformas cosméticas, para que internacionalmente aparezca como reformador. Nosotros no creemos en ese proceso”.
El jefe del gabinete del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gonzálo Koncke, afirmó al diario La Prensa de Nicaragua que el gobierno de Daniel Ortega no les ha informado de que se iniciarán en Nicaragua las negociaciones sobre la reforma electoral, y tampoco se le ha solicitado al organismo su colaboración en el proceso de consultas.
En un Memorándum de Entendimiento firmado el 28 de febrero del 2017 entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro y el canciller Denis Moncada, el gobierno de Nicaragua se comprometió a impulsar reformas al sistema electoral del país, las que serían negociadas y ejecutadas en un plazo de tres años.
El plazo del memorándum se vence el próximo 28 de febrero. El gobierno sandinista no ha mostrado interés de ampliar el acuerdo con la OEA para que acompañe el proceso de reforma, recientemente anunciado.
La reforma a la Ley Electoral será discutida en la Asamblea Nacional, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional ejerce el control con setenta de los 91 diputados en funciones. La negociación será solo con los partidos políticos con representación jurídica.
